Un reportaje que suaviza estructuralmente la discriminación infantil.
Así puede resumirse la última pieza de Radio Praga Internacional sobre el programa Omama. Lo que el medio presenta como una historia tierna de apoyo a bebés vulnerables es, en realidad, el reflejo de un sistema que lleva décadas reproduciendo la exclusión de romaníes y que hoy se disfraza de conmovedora intervención social. El problema no está en las mujeres que ayudan, sino en la narrativa que oculta por qué necesitan hacerlo.
El reportaje que parece inocente pero oculta la estructura
El 2 de diciembre de 2025, Radio Praga Internacional publicó un reportaje amable sobre el programa Omama: mujeres que visitan hogares pobres para acompañar el desarrollo de bebés de cero a tres años. La pieza está construida como una historia humana, casi terapéutica, donde una figura cálida ayuda a aliviar las cargas de las familias vulnerables.
Pero el reportaje deja fuera lo esencial: las familias atendidas son, en su gran mayoría, romaníes, una comunidad que en la República Checa arrastra un historial de discriminación reconocido por instituciones europeas. Para un lector extranjero, que suele romantizar la imagen del país, todo puede sonar a simple pobreza o vulnerabilidad. No lo es. Es el resultado de un patrón sistémico.
Las “dificultades” que menciona Radio Praga no son inevitables ni abstractas. Son la consecuencia directa de decisiones institucionales, políticas educativas excluyentes, segregación residencial y décadas de abandono público. La historia no comienza con Omama. Comienza con un Estado que se retira, y luego celebra que una ONG llegue a contener las heridas de ese retiro.
La pobreza no nace: se fabrica
El reportaje menciona madres “estresadas”, alquileres impagables, viviendas precarias y entornos llenos de ruido y tensión. Todo eso es real, pero incompleto. Nada de lo descrito explica cómo se llega a ese punto ni por qué siempre afecta a las mismas familias. La pobreza que aparece en estas comunidades no es un fenómeno natural ni el resultado de decisiones individuales. Tiene dirección, tiene causas y tiene responsables.
La República Checa fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por segregar a niños romaníes en “escuelas especiales”, un sistema que clasificaba a menores sanos como “retrasados” y los desviaba a circuitos educativos de baja calidad. Hoy, muchas guarderías continúan rechazando a estos niños mediante fórmulas suaves como “condiciones complicadas”, un eufemismo que oculta prácticas abiertamente discriminatorias.
Al mismo tiempo, los municipios han concentrado históricamente a las familias romaníes en zonas deterioradas, lejos de servicios públicos y oportunidades laborales. El mercado de trabajo mantiene barreras raciales documentadas, y la policía suele tratarlos no como ciudadanos vulnerables, sino como sujetos sospechosos por defecto.
Modelo de exclusión
A ojos del público internacional, la pobreza suele interpretarse como un destino individual. Pero cuando se observa cómo operan las instituciones, queda claro que no hablamos de azar, sino de un modelo diseñado para producir siempre el mismo resultado.
La narrativa de “círculo de pobreza” es engañosa. Estos círculos no existen por inercia: fueron construidos por el propio Estado, y cada generación crece dentro de una arquitectura que limita su educación, su empleo, su vivienda y su acceso a la justicia. No es un ciclo: es un sistema.
Omama: apoyo comunitario en ausencia de servicios públicos
Radio Praga presenta el programa Omama como si formara parte de un sistema profesionalizado de apoyo infantil: psicólogos, fisioterapeutas, logopedas y mentoras. Para un lector internacional, esa descripción puede sugerir un modelo estatal sólido. La realidad operativa es diferente.
Las Omamas reciben capacitaciones breves impartidas por la ONG responsable del proyecto. Los especialistas mencionados no trabajan regularmente con los niños ni realizan visitas domiciliarias sistemáticas; su participación se limita a talleres formativos puntuales.
En la práctica, la única intervención continua es la visita semanal de una Omama, generalmente una mujer romaní residente en la misma región.
Durante esas visitas, la Omama realiza actividades de estimulación temprana, observa el desarrollo del niño, detecta señales básicas de riesgo y ofrece orientación primaria a la madre. No hay psicólogos asignados, no hay logopedas en seguimiento mensual, no hay fisioterapeutas realizando evaluaciones periódicas, y no existe un equipo estatal que supervise el proceso.
Esto convierte a Omama en un programa comunitario, no en una política pública integral. En países con sistemas de protección infantil robustos, estas funciones están cubiertas por servicios sociales, pediatras comunitarios y equipos especializados. En la República Checa, estas estructuras no operan en las comunidades romaníes no por falta de capacidad, sino porque históricamente no han sido incluidas en las prioridades de intervención del Estado. La exclusión no es un efecto colateral: es el resultado de decisiones administrativas que dejan sistemáticamente fuera a los mismos grupos.
El punto no es cuestionar el esfuerzo de las Omamas, sino comprender qué revela su existencia:
que el Estado no está proporcionando atención temprana en los entornos donde más se necesita.
En un sistema inclusivo, Omama sería un complemento. En la realidad checa, funciona como sustituto.
El lenguaje que suaviza la exclusión de romaníes
Si hay una frase del artículo en cuestión que revela el corazón del problema, es esta, pronunciada por Svatava Plachá, directora de Cesta von CZ y responsable de implementar el programa Omama en Chequia, y reproducida por Radio Praga sin el menor cuestionamiento:
“Los centros educativos muchas veces no quieren aceptar a niños que crecen en condiciones complicadas.”
Lo inquietante no es solo el contenido, sino el tono: se enuncia con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima o un contratiempo menor. Como si decidir quién entra o no entra a la educación pública fuera un gesto neutro, técnico, rutinario. Como si hablar de aceptar o rechazar a un niño por su origen o por su contexto social fuera tan inocuo como decir “hoy va a llover”.
Una exclusión que se disfraza de trámite
Esa normalización del lenguaje es parte del problema.
El reportaje no identifica quién toma la decisión de rechazar al niño.
Tampoco aclara que esta exclusión recae, casi en su totalidad, sobre menores romaníes.
No menciona que la República Checa ya fue condenada por esta misma práctica.
Y omite que negar el acceso a una guardería genera el retraso que luego se usa para justificar la segregación escolar.
El punto crítico no es la declaración, sino la ausencia de un cuestionamiento editorial al reproducir una práctica discriminatoria como si fuera un dato técnico.
No se trata de atribuir mala fe a los periodistas. Es comprensible que un medio público utilice un lenguaje prudente o emocional para evitar un choque directo con el Estado. Sin embargo, esa prudencia tiene un efecto inevitable: el lenguaje suavizado borra la estructura real del problema.
Racismo convertido en “circunstancia”.
Exclusión presentada como “problema social”.
Una práctica ilegal descrita como mera “dificultad”.
Con ese enfoque, el lector, especialmente el extranjero, acaba creyendo que Chequia enfrenta desigualdades tristes pero casuales, como si fueran parte del paisaje. La realidad es mucho menos cómoda: estas desigualdades tienen historia, responsables y consecuencias que siguen vigentes hoy.
Las condenas a Chequia por segregar a niños romaníes
Durante décadas, la República Checa mantuvo un sistema escolar paralelo para la minoría romaní. A los ojos del Estado, eran dos infancias distintas: la infancia que iba a la escuela normal y la infancia que era desviada a lo que el país llamaba “escuelas especiales”, centros creados originalmente para niños con discapacidad mental leve. En teoría, eran instituciones para alumnos con dificultades severas. En la práctica, se convirtieron en el destino casi automático de generaciones enteras de niños romaníes.
Estas escuelas tenían un currículo reducido, expectativas académicas mínimas y una puerta de salida que casi nunca llevaba al bachillerato ni a la vida laboral cualificada. Muchos checos no conocen este sistema porque nunca lo vieron: sus hijos no entraban ahí. Pero los niños romaníes, sí. Y masivamente.
Sentencia histórica
En los años noventa, un niño romaní tenía más de 27 veces más probabilidades de acabar en una escuela especial que un niño no romaní. Ese dato, confirmado por estadísticas oficiales,llegó hasta Estrasburgo. Allí, en 2007, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica: Chequia había discriminado a estos niños por su origen étnico y les había violado su derecho a la educación. El Tribunal fue claro: el caso no describía incidentes aislados, sino un sistema estructural.
El mecanismo de segregación era simple y devastador. Los centros aplicaban “pruebas psicológicas” supuestamente objetivas para evaluar la capacidad intelectual del niño. Pero esos exámenes estaban diseñados para un entorno cultural mayoritario: lenguaje, referencias, dinámicas familiares y experiencias que no se correspondían con la vida de los niños romaníes. El resultado era previsible: muchos eran clasificados como alumnos con “retraso mental leve” cuando no tenían ninguna discapacidad. Solo eran pobres, hablaban diferente o venían de un entorno que la prueba no contemplaba.
La maquinaria institucional que genera desigualdad
El Tribunal lo explicó con una precisión que desmonta toda excusa: “El sistema crea las circunstancias y luego responsabiliza al niño por haber nacido dentro de ellas.” Las escuelas especiales no eran una solución; eran una trampa. Una vez dentro, casi ningún niño lograba reintegrarse en la educación estándar. El daño era irreversible.
Y lo más alarmante es que esta discriminación no requería intención. El Tribunal subrayó que “la discriminación indirecta puede adoptar la forma de una medida general que, aunque enunciada en términos neutros, produce efectos desproporcionadamente perjudiciales sobre un grupo”. En otras palabras:“No hace falta que nadie diga abiertamente ‘no queremos romaníes aquí’.”Basta con un sistema que, año tras año, produce resultados racialmente desigualados.
A pesar de la condena europea, muchas de estas prácticas continúan. Estudios recientes hablan de alrededor de 130 escuelas segregadas en Chequia y de un 10 % de niños romaníes inscritos en circuitos educativos de nivel inferior, frente al 2,4 % de la población general. Es decir: menos que antes, pero todavía separados y desiguales.
El fallo europeo que desmontó la segregación
La sentencia también desmontó uno de los argumentos más usados por el Estado: la idea de que algunos padres habrían dado “consentimiento” para que sus hijos fueran enviados a escuelas especiales. El Tribunal fue categórico: “No es posible renunciar al derecho a no ser sometido a discriminación racial.” Ningún formulario, ninguna firma y ninguna recomendación institucional puede convertir en legal lo que ya ha sido reconocido como una práctica injusta y discriminatoria.
Comprender este trasfondo cambia por completo la lectura del reportaje de Radio Praga sobre Omama. No estamos ante “niños con dificultades”, como sugiere el lenguaje amable del artículo. Estamos ante menores que, durante décadas, fueron derivados a escuelas para retrasos cognitivos sin presentar retraso alguno, impulsados por diagnósticos sesgados, por una pobreza estructural que se interpretaba como incapacidad y por prejuicios profundamente arraigados en el sistema educativo.
Se trata de un aparato institucional que clasificó a toda una comunidad como intelectualmente inferior y que, aunque hoy se exprese con otros términos, sigue reproduciendo mecanismos de exclusión bajo nuevas formas. Cambian las palabras; persiste la lógica.
En 2025 persiste la exclusión
En 2025, todavía hay guarderías que, como reconoció Svatava Plachá, excluyen a niños romaníes bajo el argumento de sus “condiciones complicadas”. Este hecho no puede leerse como una anomalía, sino como la expresión contemporánea de un sistema educativo que nunca corrigió del todo sus viejos patrones de clasificación y separación.
La exclusión ya no se presenta con el lenguaje duro del pasado; hoy adopta formas más discretas, decisiones administrativas, criterios ambiguos y diagnósticos que se convierten en filtros sociales. La apariencia de neutralidad encubre una lógica que sigue funcionando: los niños romaníes acceden tarde, acceden menos y acceden en peores condiciones.
Y esa desventaja temprana no se disuelve con el tiempo. Se arrastra: influye en la adaptación escolar, en el rendimiento, en el acceso a oportunidades y en la manera en que el propio Estado percibe a estos niños. No es una cadena de hechos aislados; es un circuito que se retroalimenta.
Lo que ocurre en 2025 no puede entenderse como una simple falta de recursos o como un fallo ocasional. Es la continuación de un modelo que delega la responsabilidad pública en programas comunitarios como Omama mientras mantiene intactas las estructuras que producen la desigualdad. Hasta que ese núcleo no se modifique, cualquier mejora será parcial: el sistema seguirá tratando a la infancia romaní como un caso aparte, no como parte legítima del conjunto.