Marica Mihajlović, una mujer romaní de Serbia, acudió a un hospital público para dar a luz a su hija. Salió sin ella.
La bebé, llamada Elena, murió tras un parto violento que una autopsia confirmó como la causa directa del fallecimiento. El médico implicado fue detenido. El caso provocó protestas en Belgrado y la intervención de organizaciones europeas de derechos humanos. El episodio expone una forma extrema de racismo obstétrico, en la que la pertenencia étnica condiciona decisiones médicas con consecuencias irreversibles.
No se trata de una complicación médica imprevisible. Tampoco de un episodio aislado. Es un caso documentado de violencia obstétrica con indicios de discriminación racial, ocurrido en pleno siglo XXI y en el corazón de Europa.
Una muerte en la sala de partos
El 11 de enero de 2024, Marica Mihajlović ingresó en el hospital de Sremska Mitrovica para dar a luz. En una primera evaluación médica se indicó que sería necesaria una cesárea. Horas más tarde, ya entrada la noche, otro médico decidió cambiar el procedimiento e intentar un parto vaginal, pese a que el feto se encontraba en una posición desfavorable y demasiado alta.
Según el testimonio de la madre, el médico ignoró repetidas peticiones de cirugía, la insultó por su origen romaní y la amenazó con agredirla físicamente. Durante el procedimiento, esa amenaza se materializó en una agresión, cuando ejerció una presión extrema sobre su abdomen que le provocó la fractura de una costilla. Marica perdió el conocimiento por falta de oxígeno. Su hija nació sin signos vitales y falleció al día siguiente.
El informe de la autopsia fue concluyente. La bebé murió a causa de una asfixia fetal perinatal grave, acompañada de aspiración masiva de meconio, neumotórax bilateral, hemorragia suprarrenal bilateral y un hematoma subgaleal, una lesión asociada a traumatismos severos durante el parto. Los forenses descartaron una complicación inevitable.
Protestas por racismo obstétrico
Tras la difusión del informe forense, la policía serbia detuvo al médico implicado. La Fiscalía General de Sremska Mitrovica confirmó la apertura de una investigación penal y la recopilación de pruebas para determinar las responsabilidades.
El caso no quedó circunscrito al ámbito judicial. El 19 de enero, decenas de personas se concentraron frente al Ministerio de Salud en Belgrado para protestar contra la violencia obstétrica y exigir reformas en el sistema sanitario. La indignación se extendió por redes sociales y medios locales, donde se multiplicaron las denuncias sobre prácticas abusivas en maternidades públicas.
La presión pública fue determinante. Sin ella, difícilmente el caso habría alcanzado este nivel de visibilidad institucional.
La dimensión racial del caso
El Centro Europeo de Derechos de los Gitanos (ERRC) asumió la representación legal de Marica Mihajlović y solicitó formalmente que se investigara una posible motivación racista en el comportamiento del médico implicado. El ERRC, una organización internacional especializada en la defensa jurídica de personas romaníes, subrayó que la muerte de la bebé no puede analizarse como un hecho aislado.
Según la entidad, ha recibido testimonios de otras mujeres romaníes que describen episodios similares de abuso durante el embarazo y el parto por parte del mismo profesional sanitario, incluidos casos anteriores con consecuencias graves. Estos relatos refuerzan la hipótesis de un patrón de comportamiento que habría afectado de manera reiterada a mujeres romaníes en situación de especial vulnerabilidad.
Para el ERRC, el caso reúne varios elementos críticos: violencia obstétrica, discriminación racial y abuso de poder institucional. “La muerte de la pequeña Elena fue la consecuencia trágica de negligencia médica deliberada, intimidación violenta y abuso antigitano”, declaró su presidente, Đorđe Jovanović.
Un patrón que se repite en Europa Central
Lo ocurrido en Serbia no es una anomalía. En el contexto de Europa Central, la relación entre mujeres romaníes y el sistema de salud ha estado marcada durante décadas por una desigualdad estructural que hoy puede definirse con claridad como racismo obstétrico.
En Eslovaquia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado por casos de esterilización forzada de mujeres romaníes sin consentimiento informado. Chequia, por su parte, reconoció oficialmente prácticas similares y aprobó en 2021 un mecanismo de compensación económica para las víctimas.
Aunque las formas han cambiado, el patrón persiste. Las decisiones médicas tomadas sin consentimiento real, el trato humillante y la presunción de inferioridad social siguen apareciendo de manera recurrente cuando las pacientes pertenecen a comunidades romaníes, reproduciendo dinámicas propias del racismo obstétrico dentro de sistemas sanitarios que deberían garantizar igualdad de trato.
El caso serbio muestra la expresión más extrema de ese mismo fenómeno: cuando la violencia en el parto con sesgo racial no solo vulnera derechos fundamentales, sino que termina con una vida.
Cuando el sistema solo reacciona tras una muerte
No se trató de una única muerte. Según el testimonio de varias mujeres, otros bebés habrían fallecido en circunstancias similares sin que ello activara una respuesta institucional. Lo que desencadenó la reacción de las autoridades no fue la acumulación de muertes, sino la salida a la luz pública del testimonio de la madre.
La violencia obstétrica no siempre adopta la forma de golpes o gritos. A menudo se manifiesta en decisiones unilaterales, en la negación de información, en la ausencia de consentimiento y en un trato deshumanizado que se normaliza bajo el lenguaje técnico.
Europa y la responsabilidad pendiente
Serbia es país candidato a la Unión Europea. Chequia y Eslovaquia son Estados miembros. Sin embargo, los mecanismos europeos de supervisión han demostrado ser tardíos cuando las víctimas pertenecen a minorías históricamente discriminadas.
Las condenas, informes y compensaciones llegan después del daño. Rara vez actúan como prevención. Mientras tanto, las mujeres romaníes continúan enfrentándose a un sistema sanitario que no siempre las reconoce como pacientes con los mismos derechos.
Muertes de bebés: lo que una sociedad democrática no debe normalizar
Este tipo de violencia contra madres y sus bebés durante el parto no es propio de sociedades normales.
Aparece allí donde el racismo está institucionalizado y opera como criterio de trato diferenciado. No es un fenómeno que se observe en países como Cuba o Venezuela, ni siquiera bajo sistemas cerrados o autoritarios, porque en esos contextos no existe un odio racial estructural que divida a las personas según el color de la piel en el acceso a derechos básicos. La represión puede ser política, la arbitrariedad puede existir, pero la violencia médica racializada contra mujeres embarazadas y neonatos no forma parte de un patrón social ni institucional.
Lo verdaderamente alarmante es que este patrón sí emerja en determinadas sociedades de Europa Central, dentro de Estados que se definen como democráticos, humanitarios y herederos de valores cristianos. No se trata de hechos aislados ni de fallos individuales, sino de una violencia que se reproduce cuando la pertenencia étnica convierte a determinadas mujeres en pacientes de segunda categoría. En pleno siglo XXI, esa normalización del racismo institucional en el sistema de salud constituye una contradicción moral que Europa aún no ha querido enfrentar.
El juramento hipocrático incumplido
Si el médico hubiera actuado como lo exige su profesión, si hubiera respetado el juramento hipocrático y los principios elementales de cuidado, Elena habría nacido sana. Su madre no estaría hoy cargando con una pérdida irreversible, porque la muerte de un hijo no se supera ni se compensa.
Lo ocurrido no puede explicarse solo como una cadena de decisiones individuales. Es el resultado de un entorno institucional marcado por el racismo obstétrico, que tolera la deshumanización cuando la paciente pertenece a una minoría, que no actúa por prevención y que solo reacciona cuando el daño se vuelve visible.
En ese contexto, la vida deja de ser el centro y el origen étnico se convierte en una variable silenciosa que condiciona el trato.
Mientras el sistema sanitario europeo no garantice que todas las mujeres, sin excepción, sean tratadas como pacientes y no como categorías sociales, muertes como la de la bebé Elena seguirán siendo posibles. Y una sociedad que acepta esa posibilidad, aunque sea por omisión, ha cruzado una línea que ninguna democracia debería normalizar.