En los últimos meses, una serie de publicaciones en redes sociales provenientes de Eslovaquia y Chequia ha puesto en evidencia un patrón que rara vez aparece en los informes oficiales, pero que define la vida cotidiana de miles de personas en estos países: la normalización del racismo público y la segregación de romaníes y extranjeros. No se trata de episodios aislados ni de deslices individuales. Es una estructura retórica repetida, compartida y aplaudida por un sector significativo de la sociedad.
No es pobreza, es rechazo étnico
La última muestra proviene de un video grabado en un asentamiento romaní eslovaco. La pieza, destinada a documentar condiciones de vida, se transformó rápidamente en un foro masivo donde cientos de usuarios expresaron de manera abierta prejuicios étnicos antes considerados inaceptables en un espacio público europeo.
Los comentarios siguen un patrón reconocible para cualquier investigador del discurso xenófobo: la reducción del otro, romaní o extranjero, a una figura culturalmente inferior, moralmente fallida y permanentemente sospechosa.
“Su problema se llama trabajo”, escribió uno de los usuarios. Otro insistió en que “nadie quiere emplear a gitanos”, como si la discriminación laboral fuera un dato neutro, no una violación legal. Otros comentarios apelan a ideas más radicales: control de natalidad, custodia obligatoria de hijos e incluso la imposibilidad de integrar a una minoría considerada “incapaz por naturaleza”.
Políticas eugenésicas
Entre los comentarios más repugnantes aparece uno que parece sacado de una novela sobre el pasado nazi: la propuesta de “esterilización obligatoria” para la población romaní, expresada por una mujer joven eslovaca perteneciente a la mayoría. Este impulso no surge de la nada. Chequia y Eslovaquia arrastran un historial comprobado de esterilizaciones forzadas a mujeres romaníes. Estas prácticas comenzaron en la era comunista y continuaron hasta los años 2000.
La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el European Roma Rights Centre documentaron hechos muy graves. Muchas mujeres firmaron formularios que no entendían. Otras recibieron presiones en pleno parto. Algunas fueron esterilizadas sin consentimiento alguno.
El Estado checo reconoció estos abusos en 2009 y creó un sistema de compensación en 2021. Aun así, solo un grupo reducido logró la indemnización. Cientos de mujeres siguen fuera de ese proceso por requisitos casi imposibles.
Que hoy aparezcan comentarios que celebran estas políticas eugenésicas revela algo inquietante. El racismo institucional del pasado no desapareció. Solo cambió de escenario y ahora se expresa con total naturalidad en el espacio público.
El elemento común es claro: la pobreza no se percibe como un fenómeno social, sino como un defecto biológico o cultural. Esta narrativa, repetida durante décadas en Eslovaquia y Chequia, permite desplazar cualquier responsabilidad institucional hacia la propia minoría.
Deshumanización
Los comentarios a una publicación en Facebook del eurodiputado Peter Pollák, el político romaní más visible de Eslovaquia y una de las pocas voces que denuncia la segregación y la pobreza estructural de su comunidad, revelan algo mucho más profundo que racismo cotidiano: muestran la pedagogía social del desprecio. En esa cadena de respuestas aparece una idea que se repite con obsesión: “Si no quieren vivir así, que no tengan diez hijos”. Es una frase que pretende regular la reproducción de una minoría como si se tratara de un rebaño, no de seres humanos. Es la lógica que considera a los romaníes como animales que “se multiplican”, como una “plaga” que debe controlarse. Esa mentalidad no tiene otro nombre que deshumanización.
Todo el discurso gira en torno a reducir a los romaníes a menos que personas: culpables por existir, improductivos por naturaleza, indignos de derechos, sospechosos desde la infancia. Se les niega la complejidad, la dignidad y el derecho a vivir sin ser vigilados, corregidos o castigados por su mera existencia. Y lo que vuelve más inquietante este fenómeno es su naturalidad: aparece en redes abiertas, sin vergüenza, sin resistencia social, sin que nadie cuestione el salto moral que va de criticar la pobreza a controlar la vida y el cuerpo de toda una minoría.
Cuando la igualdad descoloca a la mayoría
Los ataques contra Peter Pollák bajo una de sus publicaciones, aquella en la que denuncia la frase de Robert Fico (“El racismo contra los romaníes es agradable”) y el apretón de manos con Milan Mazurek, revelan algo más profundo que una reacción visceral: muestran cómo la mera crítica a un acto racista activa un torrente de odio dirigido no al político, sino a su origen. Pollák es el único eurodiputado romaní de la Unión Europea, y su sola visibilidad altera una jerarquía que muchos consideran natural.
Los comentarios lo demuestran sin pudor: lo acusan de “parásito”, de “fabricar hijos”, de “vivir de subsidios”, de “engañar a los blancos”, y mientras lo desprecian a él, condenan a todo su pueblo como “cáncer”, “basura” o “plaga que se reproduce”.
Pollák no es atacado por lo que dice, sino por lo que representa: un romaní que salió del lugar donde lo quieren mantener. Su presencia basta para que parte de la mayoría se declare “discriminada”, no porque lo esté, sino porque ya no es la única que puede hablar. Con él, la igualdad no se teoriza: se encarna. Y esa encarnación descoloca a quienes necesitan que la minoría permanezca abajo. Así se cierra el círculo de la deshumanización: no solo inferior, sino obligado a ser invisible.
Este mecanismo, la reacción furiosa a la visibilidad romaní y la punición colectiva del “atreverse a hablar”, es exactamente el terreno sobre el que figuras como Milan Mazurek han construido su carrera política. Su papel en la normalización del odio merece un análisis aparte.
Milan Mazurek: el político eslovaco que convirtió el odio en carrera
Milan Mazurek no es un extremista marginal: es un diputado nacional reelecto cuya trayectoria entera se basa en deshumanizar a los romaníes. Fue condenado por incitación al odio racial tras describir a la comunidad como “parásitos”, “plaga” y “amenaza nacional”, pero esa condena llegó después de años de repetir el mismo patrón: criminalizar a toda una etnia como si fuera un bloque biológico inferior.
Pese a la sentencia, volvió al Parlamento con más votos, y lo más revelador es que ese regreso no generó indignación real en otras instituciones europeas ni en la mayoría de los eurodiputados de países democráticos. Mazurek perfeccionó un método simple pero eficaz: reducir a los romaníes a una masa sin individuos, atribuirles criminalidad colectiva y presentar medidas de segregación como si fueran soluciones racionales. Cuando un político así recibe legitimación pública de figuras como Robert Fico, el racismo deja de ser un prejuicio social y se convierte en política de Estado.
La comparación que desmonta el mito
La comparación con Europa Occidental desmonta otro de los pilares del discurso mayoritario: la idea de que la situación de los romaníes es consecuencia de su propia cultura. Basta mirar a España o Portugal para comprobar lo contrario. En ninguno de esos países existen asentamientos como los de Eslovaquia o el este de Chequia, donde familias completas sobreviven en chozas sin agua potable ni calefacción mientras las temperaturas caen bajo cero. La diferencia no la marca la comunidad romaní, que es la misma a ambos lados del continente, sino la capacidad o la voluntad del Estado para garantizar derechos básicos.
España muestra el contraste
En España, un niño romaní no puede crecer sin acceso a agua corriente porque el sistema social no lo permite. En Chequia o Eslovaquia, ese mismo niño puede hacerlo durante generaciones sin que ninguna autoridad intervenga. La comparación es incómoda, pero ineludible: cuando el Estado funciona, la pobreza extrema no se convierte en destino étnico; cuando falla, la miseria acaba presentada como rasgo cultural.
Europa Central persiste en su mentira
Europa Central insiste en que “los romaníes viven así”. La evidencia indica otra cosa: viven así allí donde el Estado los abandona. Y ese abandono, repetido durante décadas, es lo que transforma una minoría en una categoría social perpetuamente marginada. No son los romaníes quienes producen la segregación; es la segregación la que produce las condiciones en las que viven.
Pero el dato más relevante y más incómodo es que este discurso no se limita a los romaníes. En las mismas secciones de comentarios, usuarios eslovacos y checos extienden el rechazo a cualquier grupo extranjero: latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos del sur e incluso europeos del este, con la excepción notable de los ucranianos blancos. La línea divisoria no es socioeconómica: es étnica.
¡Hay un negro en el vagón!
El ataque racista contra los niños romaníes del club Mongagua dentro de un tren checo no fue solo una agresión verbal: fue un intento de segregación, y además funcionó. Todo comenzó con el grito que los hinchas de Baník Ostrava lanzaron al ver a los menores: “¡Hay un negro aquí!”.
No hablaban de personas negras. Usaban la palabra como código para evitar decir “gitano” y, al mismo tiempo, marcar a los niños como intrusos en un espacio público que consideraban exclusivo.
Después vinieron los insultos: “Hay que limpiar esto de esos egipcios”, “en este vagón hay un negro”. Los agresores caminaban por el pasillo con botellas de alcohol, observando fijamente a los menores y repitiendo burlas como “more, more”, un término racista usado contra romaníes. El ambiente se volvió tan hostil que el entrenador ordenó a los niños bajar la mirada, ponerse capuchas, no responder a nadie y no moverse del asiento.
El episodio terminó como terminan todas las segregaciones: con los niños desplazados. Por seguridad, la policía los sacó del tren y tuvieron que esperar dos horas hasta poder tomar otro convoy. Los agresores, en cambio, continuaron su viaje sin consecuencias inmediatas.
Eso es segregación en su forma más pura: cuando la violencia del grupo mayoritario determina quién puede permanecer en un espacio público y quién debe abandonarlo.
Segregación y etiquetas
En 2022, durante la crisis migratoria provocada por la invasión rusa, varias ONG documentaron la segregación de familias romaníes ucranianas en estaciones de tren y centros de acogida. Mientras las familias blancas eran trasladadas a viviendas y hoteles, las romaníes dormían en el suelo o eran redirigidas a instalaciones separadas. El caso no generó condenas oficiales y desapareció de la discusión pública en cuestión de semanas.
El mecanismo retórico observado hoy es el mismo.
A los romaníes se les acusa de “vivir de ayudas”; los latinoamericanos son convertidos en “carga social”; los africanos aparecen asociados a supuestos “problemas culturales”; los asiáticos son descritos como comunidades “cerradas”; y los europeos del sur quedan reducidos a una supuesta “falta de disciplina”.
La terminología cambia según el grupo, pero el patrón permanece intacto: la mayoría define su identidad excluyendo sistemáticamente a quienes considera externos a la norma nacional.
La segregación no es accidental: es estructural
La investigación realizada para esta crónica se basa en documentación pública, testimonios recogidos durante años y la observación directa del funcionamiento institucional en la región. Ese material revela que esta retórica no surge en el vacío. Nace de décadas de segregación educativa, de barreras sostenidas en el acceso al mercado laboral y de la falta de mecanismos reales para frenar la discriminación.
En Chequia, estudios del European Roma Rights Centre muestran un dato contundente: los romaníes tienen más de diez veces más probabilidades de acabar en escuelas segregadas. En Eslovaquia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado varias condenas por prácticas muy similares.
La repetición constante de estas decisiones institucionales explica por qué la exclusión no es un incidente aislado. Es un patrón estable, profundo y extendido en toda la región.
La normalización del racismo desde las urnas y redes sociales
A esta estructura se suma un elemento más reciente: la legitimación política. En ambos países, partidos de extrema derecha han incorporado estos discursos como parte de su estrategia electoral, normalizando frases que hace una década habrían sido consideradas inaceptables. El resultado es un clima social donde expresar racismo ya no provoca sanción social, sino aprobación.
Mucha gente en redes sociales de Europa Central, en X, Facebook y otras plataformas, afirma abiertamente que “esta gente quiere vivir así”, como si la pobreza y la exclusión de la población romaní fueran una elección y no el resultado de décadas de segregación.
Esa idea de fatalidad cultural se convierte en una coartada perfecta: si el problema es “innato”, entonces el Estado, el mercado laboral y las instituciones quedan libres de responsabilidad, y la desigualdad deja de verse como un fallo estructural para convertirse en argumento que perpetúa el sistema que excluye a la misma minoría a la que culpa.
Este fenómeno no se limita a las redes sociales. Es coherente con decisiones administrativas, prácticas policiales y fallos judiciales que diversas organizaciones han denunciado en los últimos años. Lo que emerge ahora es la versión pública y sin filtros de una lógica silenciosa que ha operado durante décadas.
Lo que empieza como racismo termina como segregación
Europa Central sigue proyectándose como un espacio seguro, moderno y democrático. Pero los comentarios que circulan con absoluta normalidad revelan otra realidad: una sociedad donde el valor de una persona depende de su origen y del color de su piel, donde la diversidad cultural se percibe como amenaza y donde la discriminación ya no necesita esconderse tras un lenguaje institucional. Hoy se expresa con naturalidad, recibe cientos de “me gusta” y se integra sin fricción en el paisaje social. Esa tolerancia pública al racismo crea las condiciones para algo aún más grave: formas de segregación que no siempre se anuncian como tales, pero que operan en la práctica como mecanismos de separación y exclusión cotidiana.
Mientras la región continúe tratando el racismo como una opinión legítima y no como un problema estructural, lo que está en juego no es solo la dignidad de las minorías, sino la credibilidad democrática de los propios Estados. Una sociedad que acepta la segregación, aunque sea simbólica, social o disfrazada de “normas culturales”, termina vaciando de contenido cualquier discurso sobre igualdad y derechos.