Este informe analiza el racismo institucional en la República Checa, visible en la discriminación cotidiana, el doble rasero de las instituciones y el papel del Defensor del Pueblo Stanislav Křeček.
El caso del cartel “Solo para checos” y el racismo institucional en la República Checa
Según informa el portal de noticias Romea.cz, único medio que documenta de manera constante crímenes de odio y racismo institucional en la República Checa, un club publicó en redes sociales un cartel con la frase: “Solo para checos”.
Romea.cz, fundado en 2003, es un medio independiente especializado en la cobertura de la minoría romaní y en denunciar el racismo en la sociedad checa. Sus reportajes y análisis se han convertido en referencia principal sobre discriminación, violencia de odio y exclusión institucional, llenando un vacío que los grandes medios suelen ignorar.
El papel de la Inspección Comercial Checa (ČOI)
La Česká obchodní inspekce (ČOI) calificó el cartel como discriminatorio, porque excluir a clientes por ciudadanía constituye un trato desigual.
La ČOI, organismo estatal creado por la ley n.º 64/1986, está destinada a proteger a los consumidores, vigilar que las empresas cumplan la normativa y sancionar prácticas desleales, fraudes en facturación y discriminación en el acceso a bienes y servicios. En teoría equilibra la relación entre ciudadanos y empresas; en la práctica, sus actuaciones son selectivas.
Cuando la discriminación no es mediática: silencio institucional en Chequia
La ČOI sancionó el cartel de “Solo para checos” porque era público y mediático. Pero cuando se trata de abusos menos visibles, la respuesta es otra.
En denuncias contra la empresa pública Centra a.s., la ČOI repitió siempre el mismo guion: “no es nuestra competencia”.
- Cobros sin desglose, aumentos repentinos, documentos sin firma, plazos incumplidos, amenazas de embargo: todo presentado con pruebas.
- La respuesta: “es un caso civil, busque abogado” o “presente un ADR”, mecanismo no vinculante que rara vez protege al consumidor.
- Solo llegaron cartas de plantilla: sin investigación, sin sanción.
El contraste es brutal: cuando hay un cartel racista en Instagram, la ČOI actúa. Cuando una institución pública abusa de un inquilino concreto, se esconde tras el papeleo.
Cuando los abusos afectan a minorías y extranjeros y no hay foco mediático, la ČOI desaparece. No interviene ni siquiera en lo que sí es su competencia: prácticas comerciales desleales, facturas engañosas, cobros ilegales. Ahí, el racismo institucional en Chequia se traduce en silencio.
Racismo cotidiano disfrazado de “normas internas”en la República Checa
El cartel de “Solo para checos” no es un hecho aislado. En la vida diaria abundan casos similares:
- Bares y discotecas niegan la entrada a jóvenes romaníes con el pretexto de “clientes habituales”.
- Anuncios de alquiler dicen “přednostně pro Čechy” (“preferiblemente para checos”), que en realidad significa “solo para checos blancos”.
- En redes sociales aparecen mensajes con frases como “jen pro naše lidi” (“solo para los nuestros”), excluyendo a cualquiera con piel más oscura.
Estas prácticas rara vez generan sanciones porque no hay cámaras ni repercusión pública. Pero construyen un muro invisible entre los “checos verdaderos” y los demás, incluso si esos otros también son ciudadanos checos.
El mito de que “checo” significa blanco
La idea de que “checo” equivale a blanco mayoritario está documentada desde hace décadas.
- Más del 60 % de la población expresa rechazo abierto hacia los romaníes, según el Centro de Investigación de la Opinión Pública.
- Informes de la UE y Amnistía Internacional denuncian que se trata a los romaníes como extranjeros perpetuos.
- En 2021, el propio Estado reconoció oficialmente el antigypsyism como forma específica de racismo.
Nada ha cambiado en la práctica: en el imaginario popular, “checo” sigue significando “blanco”. Así, un cartel absurdo —pues la mayoría de romaníes tienen pasaporte checo— se entiende en la práctica como “solo blancos”.
Romea.cz ha reportado casos similares: desde tiendas que niegan la entrada a personas con perros de asistencia hasta bares que segregan a los romaníes, bajo excusas de “seguridad” o “normas internas”.
Křeček y la paradoja del Defensor del Pueblo
Las autoridades podrían desmantelar esta discriminación, pero no lo hacen. El discurso antirromaní da votos y muchos cargos públicos lo mantienen o toleran.
Ejemplo claro: Stanislav Křeček, abiertamente racista y xenófobo, dirige la oficina del Defensor del Pueblo. Es como poner a un zorro a cuidar el gallinero.
Křeček ha negado la existencia del racismo en Chequia, minimizado el antigitanismo, culpado a los romaníes de su exclusión y atacado a ONG de derechos humanos. En lugar de apoyo, las minorías encuentran la justificación de los prejuicios mayoritarios.
Křeček también ha atacado a refugiados y solicitantes de asilo, presentándolos como amenaza para la sociedad. Sus palabras refuerzan la xenofobia institucional y envían un mensaje devastador: si el garante de derechos habla así, ¿qué pueden esperar las víctimas en tribunales, extranjería o comisarías?
Un patrón estructural, no casos aislados de racismo institucional en la República Checa
La discriminación no es una anomalía ocasional: es un patrón estructural. Se sanciona lo visible —un cartel en Instagram— mientras el racismo cotidiano permanece en escuelas, oficinas públicas y política.
El problema real es que lo que debería proteger a las víctimas de odio está en manos de quienes lo justifican. Así se consolida el racismo institucional en Chequia.Ya documenté en otra crónica cómo los neonazis en Chequia se sienten impunes: Neonazis en Chequia: décadas de violencia tolerada.
8. La justicia que calla: tribunales y fiscalías
La justicia checa tampoco rompe este patrón. Según el European Roma Rights Centre y Fair Trials, los romaníes enfrentan discriminación en todas las etapas del proceso penal: policía, fiscales, jueces, abogados.
El caso D.H. y otros v. República Checa demostró que la segregación escolar de niños romaníes era estructural. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo declaró ilegal en 2007.
Aun así, los casos reconocidos como discriminación siguen siendo mínimos: solo 56 llegaron al Tribunal Europeo y apenas 3 fueron declarados violaciones.
Ese silencio judicial es más elocuente que cualquier declaración oficial. Sin cobertura mediática, emerge un mensaje claro: para el sistema, ciertas víctimas no existen.