Acoso policial contra una asilada política, agresión a una solicitante de asilo y muertes de romaníes bajo custodia
En la República Checa existe un patrón de violencia policial persistente que afecta de forma recurrente a asilados políticos, solicitantes de asilo y personas romaníes. No se trata de episodios aislados ni de percepciones subjetivas, sino de una forma de proceder documentada durante décadas. Las víctimas denuncian acoso, intimidación, uso indebido de la fuerza y amenazas. Los agentes implicados rara vez enfrentan consecuencias reales. Esta crónica reconstruye ese patrón a partir de testimonios directos y de informes oficiales europeos.
El patrón: cuando la policía no protege
Este patrón inquietante, por sus métodos comparables a los de regímenes represivos, se repite con demasiada frecuencia en la República Checa. La policía acosa a extranjeros, personas romaníes y asilados políticos. Estos hechos no conllevan consecuencias reales para los agentes implicados.
No se trata de incidentes aislados. Es una forma de actuación reiterada, sostenida durante décadas. Determinadas minorías ven sistemáticamente negado su derecho a ser escuchadas. Les niegan protección cuando acuden a la policía en calidad de víctimas. En lugar de recibir amparo, son tratadas como sospechosos habituales.
Los testimonios coinciden en dinámicas reconocibles: gritos, interrupciones constantes, repetición mecánica de palabras para impedir que la víctima se exprese.
También intimidación verbal y, en algunos casos, contactos físicos encubiertos. Entre estos, colocar el pie para provocar un traspié. Un ejemplo es hacer gestos deliberados para intimidar. Un gesto es apoyar la mano en el arma reglamentaria mientras la persona pide ayuda.
Intimidación, amenaza e inversión de roles contra una periodista exiliada política
Este patrón no es teórico. Se manifiesta en casos concretos.
En al menos un caso documentado, una exiliada política y periodista fue objeto directo de estas prácticas. Tres agentes la rodearon sin causa justificada, la acosaron verbalmente y la amenazaron con deportación. Llegaron incluso a afirmar falsamente que actuaban en representación del Ministerio del Interior.
Durante el incidente, intentó alejarse de un entorno que ya se sentía represivo. Uno de los policías realizó un traspié velado. Fue casi imperceptible. Sólo la periodista pudo percibirlo. No cayó. Cuando reclamó al agente, este invirtió los hechos. Afirmó falsamente que había sido la propia asilada quien lo había intentado.
Otro de los agentes repetía de forma constante la misma palabra. Elevaba la voz hasta impedir cualquier intento de explicación por parte de la periodista. La escena se prolongó. La periodista anunció que iba a denunciar a los policías. Luego, comenzó a grabar sus chapas identificativas.Sólo entonces la presión disminuyó parcialmente. Aun así, los agentes intentaron prolongar la intimidación.
Finalmente, la asilada política se vio obligada a marcharse apresuradamente.Reiteró que no había cometido ninguna falta y exigió que cesara el acoso y la dejaran en paz. Este episodio es parte de un acoso reiterado. La periodista ha denunciado este hostigamiento desde hace alrededor de cinco años. Este caso no es único. Se repite una y otra vez en disímiles formas.
La mujer golpeada en Bálková
Un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) reporta un caso concreto. Este caso documenta malos tratos en el Centro de Detención de Extranjeros de Bálková.
Poco antes de la visita de la delegación, un agente de policía golpeó a una mujer detenida.
Esta golpiza policial le provocó la fractura del tabique nasal y un hematoma facial. El hecho fue confirmado por la dirección del centro y por las autoridades checas, que informaron del despido del agente.
El informe no aporta más datos sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias concretas del ataque. La víctima queda reducida a una anotación administrativa. El agresor, a un expediente cerrado.
El hecho ocurrió en un centro de detención para extranjeros. Este es un espacio donde el Estado checo priva de libertad a personas que han solicitado asilo. También incluye a aquellos que están en trámite administrativo migratorio. No se trata de delincuentes ni de personas condenadas por ningún delito penal. Son individuos que han huido de persecuciones, conflictos o amenazas. Se encuentran bajo custodia estatal precisamente para ser protegidos y evaluados conforme al derecho internacional.
En ese contexto,un entorno de encierro, dependencia total y desequilibrio absoluto de poder, la violencia adquiere una gravedad mayor. La falta de detalles en el informe no es neutral. Borra a la víctima como sujeto. Normaliza el abuso como un incidente burocrático más. El silencio institucional completa lo que inició la agresión.
A quién golpea la policía y cómo lo hace
Este tipo de actuaciones no afecta únicamente a personas refugiadas. La población romaní sufre patrones de trato muy similares.
Un informe oficial del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) documentó ya en 2002 un patrón persistente de malos tratos policiales en la República Checa. Las denuncias recogidas no se limitaban a casos aislados de uso excesivo de la fuerza durante detenciones peligrosas. Incluían golpes, patadas y agresiones durante los interrogatorios, especialmente a manos de agentes de la policía criminal.
El propio CPT subrayó que los romaníes son especialmente vulnerables a estos abusos. Los extranjeros y los menores también figuran entre los grupos más afectados. En varios casos, la información médica recabada confirmó lesiones compatibles con las denuncias. Esto sucedió incluso cuando estas se investigaron meses después. Para ese entonces, las marcas físicas ya habían desaparecido.
El informe es claro. Una vez que una persona está bajo control policial, no existe justificación alguna para ejercer violencia física. Sin embargo, esta violencia se repite. El problema no es solo el uso de la fuerza. También está la impunidad estructural. Esta impunidad permite que estos comportamientos se normalicen, se minimicen o se archiven.
Existen además casos documentados de personas romaníes que murieron bajo custodia policial en circunstancias nunca esclarecidas del todo. Los agentes implicados fueron exonerados sin llegar a juicio. En otro caso, una persona romaní cayó por la ventana de una comisaría mientras estaba bajo custodia policial. No se derivaron responsabilidades penales.
Solicitantes de asilo: detención sin sol, sin ejercicio, sin derechos
La impunidad no termina en la calle. Continúa en los centros de detención.
El CPT constató también malos tratos y condiciones degradantes en centros de detención. Esto se observó en extranjeros y solicitantes de asilo. En particular, en el Centro de Recepción del Aeropuerto de Praga-Ruzyně y en el centro de detención de Bálková. Personas privadas de libertad por razones administrativas, no penales, no tenían acceso regular al aire libre. No podían realizar ejercicio físico diario. Recibían información deficiente sobre sus derechos.
El CPT consideró que la situación era sumamente grave. Emitió una observación inmediata. Exigió al Estado checo garantizar al menos una hora diaria de ejercicio al aire libre. Esta medida es para los solicitantes de asilo detenidos en el aeropuerto de Praga. No se trataba de una recomendación abstracta, sino de una medida urgente para frenar un trato inhumano.
Estos centros, concebidos formalmente como instalaciones administrativas, funcionaban en la práctica como espacios de castigo invisible. Aislamiento, control estricto, privación de movimiento y dependencia total de la policía. Un terreno fértil para el abuso, donde los derechos existen sobre el papel, pero no se ejercen.
La impunidad como regla
Pese a la acumulación de testimonios, casos documentados e informes europeos, las instituciones han reaccionado con una pasividad alarmante. Algunas víctimas no han tenido ninguna protección interna. Por eso, se han visto obligadas a solicitar medidas cautelares ante organismos internacionales. Entre estos organismos se incluyen instancias de Naciones Unidas y tribunales administrativos.
En el imaginario institucional checo, extranjeros, romaníes y refugiados parecen ocupar una categoría distinta de ciudadanía. En esa categoría, los derechos fundamentales pueden ser vulnerados sin sanciones, amonestaciones ni consecuencias reales para los responsables.
Doble discurso del Estado
El acoso contra la periodista sigue vigente. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior, que controla a la policía, conserva activa una página honoraria dedicada a ella y a su familia.
Proyecta hacia el exterior una imagen de país protector y comprometido con la libertad. Sin embargo, en la práctica sostiene un patrón persistente de hostilidad y represión. Ese patrón se manifiesta contra periodistas con asilo y contra solicitantes de asilo. Son tratados no como personas bajo protección. En cambio, son vistos como cuerpos incómodos, vigilados y expuestos a la arbitrariedad policial.
Ese es el núcleo del problema: La ley escrita deja de proteger. Es reemplazada por reglas informales. Estas son impuestas por la fuerza.
Dos mujeres y un destino casi idéntico
La solicitante de asilo golpeada en un centro de detención, tras un recorrido de sacrificios para alcanzar protección, y la periodista asilada que llegó con promesas explícitas de amparo.
Ambas comparten el mismo destino institucional,acoso policial, intimidación y contactos físicos improcedentes que nunca deberían producirse.
En la práctica cotidiana, las garantías se suspenden, los abusos se normalizan y los derechos fundamentales se vuelven negociables.
Doble cara
Mientras la República Checa mantiene incluso una página honoraria dedicada a la periodista asilada política y a su familia. Proyecta internacionalmente un discurso de adhesión a la protección de derechos y libertades.Sin embargo, en la práctica sostiene un patrón persistente de hostilidad y represión. Ese patrón se manifiesta contra periodistas con asilo. Se manifiesta también contra solicitantes de asilo. No son tratados como personas bajo protección. Son vistos como cuerpos incómodos, vigilados y expuestos a la arbitrariedad policial.
Aunque Chequia se presenta internacionalmente como un Estado de derecho, la práctica documentada muestra un patrón en la actuación policial. Estos patrones recuerdan a regímenes donde la represión y la violación de derechos humanos forman parte de la rutina.
Acoso reiterados a asilados políticos, agresiones a solicitantes de asilo, muertes de personas romaníes bajo custodia, investigaciones archivadas y ausencia de sanciones efectivas.
Cuando estos comportamientos se repiten sin consecuencias, y organismos como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se ven obligados a intervenir, ya no pueden considerarse fallos individuales. Se trata de un patrón estructural del Estado.