La exclusión de minorías en Chequia no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y prácticas institucionales que refuerzan la desigualdad. Con contratos precarios, exclusión habitacional y tolerancia a la discriminación, se perpetúa un sistema que golpea sobre todo a romaníes, refugiados y otros grupos vulnerables.
Un déjà vu electoral, promesas recicladas en campaña
En estos días previos a las elecciones, la exclusión de minorías en Chequia apenas se menciona, aunque atraviesa cada discurso. El populista ANO de Andrej Babiš promete “disolver guetos con educación y empleo”. El movimiento centrista STAN insiste en “igualdad en el acceso a la vivienda”. Los Piratas, de perfil progresista, defienden “cero segregación en las escuelas y cumplimiento del antidiskriminační zákon”.
En apariencia, hay diversidad programática. En la práctica, los mensajes son casi idénticos: más pisos, más integración, más igualdad. Una letanía repetida cada cuatro años, con el mismo eslogan de siempre y sin resultados visibles en la vida real.
La gran omisión: exclusión de minorías en Chequia
Y en medio de tanto discurso, hay una palabra que nunca aparece: racismo estructural y exclusión de minorías en Chequia. Ningún partido se compromete a enfrentarlo directamente, a pesar de que se manifiesta todos los días en oficinas de vivienda, juzgados, policías municipales o inmobiliarias.
Hablan de guetos como si fueran catástrofes naturales —“no desaparecen solos”, advierte ANO—, pero omiten lo esencial: esos barrios no nacieron de la nada, sino de decisiones políticas y de décadas de segregación planificada.
Las instituciones que deberían garantizar la igualdad terminan maquillando su propia indiferencia. Un ejemplo reciente de esa política de lavado institucional de imagen es el certificado de la vergüenza, entregado por un museo estatal a una funcionaria.
Magistráty: arquitectos de la exclusión de minorías en Chequia
Detrás de esa realidad están los ayuntamientos, verdaderos arquitectos de la exclusión de minorías en Chequia. A través de sus departamentos de vivienda deciden quién entra al parque habitacional público y bajo qué condiciones. Durante años han aplicado criterios que concentran a las familias más vulnerables en bloques deteriorados, lejos de los servicios y sin inversión pública.
Esto no afecta únicamente a los romaníes. También golpea a madres solteras, personas mayores empobrecidas, refugiados o migrantes con bajos ingresos. El mecanismo es casi siempre el mismo: contratos temporales de tres o seis meses que mantienen a los inquilinos en una inseguridad permanente. Quien exige reparaciones, quien reclama por escrito, quien se atreve a denunciar abusos… se arriesga a quedarse sin renovación.
La opacidad completa la trampa. Muchas decisiones se comunican de palabra o en cartas ambiguas, sin base legal ni posibilidad de recurso real. Así, el magistrát actúa como juez y parte, administrando la vivienda social de manera discrecional y reforzando prejuicios sobre quién “merece” o no vivir en un barrio común.
La capital no es inclusiva
La capital merece un apartado propio. El Magistrát de Praga gestiona decenas de miles de viviendas municipales a través de empresas públicas y oficinas de distrito. En teoría, este parque debería garantizar acceso equitativo a familias vulnerables. En la práctica, funciona como un filtro que discrimina.
Los contratos de tres o seis meses son la norma, y cada renovación depende de la firma de un funcionario. Esa inestabilidad se usa como arma de presión: protestar por las condiciones del piso o denunciar irregularidades puede costar el techo.
Praga no solo concentra la mayor población romaní, también recibe migrantes, refugiados y familias pobres de otras regiones. Eso multiplica la tentación de usar la vivienda como herramienta política: mantener a ciertos grupos en bloques periféricos, deteriorados y vigilados. Y lo más grave es el efecto de arrastre: si la capital normaliza estas prácticas, los municipios más pequeños se sienten legitimados para repetirlas.
Exclusión bajo la sombra de la corrupción
El caso de Martin Kubelka, exdirector del Magistrát de Praga, revela la otra cara de la administración municipal: mientras se presiona a minorías con contratos precarios o amenazas de desalojo, los altos cargos se blindan con privilegios. Kubelka fue destituido en marzo de 2025 por decisión del alcalde Bohuslav Svoboda (ODS), con el consentimiento del ministro del Interior, tras revelarse que había otorgado a su asistente una prima de 857.000 coronas y concedido permisos de estacionamiento gratuitos incluso a vehículos registrados a nombre de su esposa. La policía abrió una investigación por posible abuso de poder público.
La destitución llegó después de meses de escándalos: acusaciones de acoso a funcionarios subordinados, presunta manipulación de multas de tráfico y choques con la coalición de gobierno en torno a auditorías de contratos municipales. Lejos de ser un episodio aislado, este caso confirma que la institución que controla el parque habitacional más grande del país actúa con opacidad, favoritismo y redes clientelares, al tiempo que administra la precariedad de los más vulnerables.
Kubelka en el ojo del huracán
Según medios locales, el exdirector municipal Martin Kubelka fue investigado el año pasado por un presunto caso de corrupción ligado a obras públicas.
Contratos millonarios bajo sospecha
La policía del NCOZ (Centro Nacional contra el Crimen Organizado) revisó documentos del Ayuntamiento de Praga sobre la reparación del puente Barrandovský y la construcción del puente Dvorecký, por un valor total de 1.500 millones de coronas.
Sin acusaciones formales
Hasta ahora no se ha imputado a nadie, pero las sospechas siguen marcando la gestión del Magistrát de Praga.
Ayuntamientos y la exclusión sistemática de los romaníes
Lo que ocurre en Praga se replica, con sus variantes, en otras ciudades. En Ústí nad Labem, el barrio de Předlice fue dejado caer hasta convertirse en un esqueleto inhabitable. Cuando los edificios se declararon en ruinas, en lugar de ofrecer soluciones dignas, las familias fueron desplazadas a otras zonas igual de deterioradas.
En Most, los bloques de Chanov se transformaron en un gueto oficializado, con ascensores fuera de servicio, agua caliente intermitente, fachadas sin mantenimiento y un estigma que pesa como sentencia. Decir que uno vive allí basta para que lo descarten en una entrevista laboral o escolar.
En Ostrava, la receta ha sido distinta pero con el mismo desenlace. La zona de Přívoz reúne casas antiguas divididas en apartamentos mínimos, con baños compartidos y alquileres inflados. Muchos de esos inmuebles fueron vendidos a intermediarios privados que ahora lucran con la vulnerabilidad de las familias, mientras el ayuntamiento mira hacia otro lado.
Un patrón con variaciones: cuatro ciudades, una misma marginación
Cada ciudad aplica un método distinto, pero la lógica es idéntica: mantener a comunidades enteras fuera de los barrios “respetables”.
En Praga se recurre a contratos precarios. “Ústí nad Labem usó la demolición como excusa para desplazar familias.Most normalizó la concentración de los bloques de Chanov. En Ostrava, la privatización encubierta convierte la pobreza en negocio.
Cuatro modelos, una sola política: la segregación disfrazada de gestión. Cambian las herramientas —contratos temporales, ruinas, concentración, especulación—, pero el resultado siempre es el mismo: guetos reforzados, pobreza administrada y ciudadanos convertidos en vecinos de segunda categoría.
El control de las ayudas sociales como herramienta de presión
El vínculo entre los magistráty y las oficinas de empleo (úřad práce) añade una capa de control aún más dura. Cuando familias romaníes denuncian condiciones indignas de vivienda, la respuesta no suele ser una solución, sino castigo. En la práctica, el magistrát se comunica con lo social y las ayudas se retienen hasta que los inquilinos aceptan las condiciones impuestas.
Una medida de presión que jamás se aplicaría de forma sistemática a la mayoría checa, pero que es norma en el trato a las minorías.
En el caso de los refugiados reconocidos, la situación no es mejor. Ni siquiera se contempla la posibilidad de mudanza: lo único que enfrentan es el desalojo directo, sin posibilidad real de reclamar. El mensaje es claro: quienes se atreven a exigir sus derechos corren el riesgo de perderlo todo.
Hipotecas para unos, barreras para otros
El sistema hipotecario es otro espejo de desigualdad. Mientras que los checos blancos acceden de manera rutinaria a créditos para vivienda, las minorías étnicas rara vez logran una aprobación. Los bancos aplican filtros invisibles que refuerzan la exclusión: historial de ingresos precarios, contratos temporales o simple prejuicio étnico bastan para cerrar la puerta.
Así, la vivienda en propiedad se convierte en un privilegio reservado a la mayoría, mientras las minorías quedan atrapadas en la precariedad del alquiler público o privado.
PIS: el incumplimiento de un compromiso internacional
La discriminación se extiende incluso al programa PIS, creado específicamente para refugiados amparados por la Convención de Ginebra, de la cual Chequia es firmante. Aunque la normativa prohíbe retirar esas viviendas sin razón justificada, los ayuntamientos lo hacen de manera arbitraria.
Y lo más grave: el Ministerio del Interior, responsable de implementar el programa, se desentiende por completo. Así, el Estado que prometió protección a quienes huían de persecución internacional termina actuando como cómplice de su desamparo.
La violación de derechos básicos a las minorías —tanto romaníes como refugiados— es profundamente alarmante y muestra una política de exclusión que erosiona los principios mismos del Estado de derecho en la República Checa.
Centra: el brazo ejecutor de la exclusión habitacional
La empresa pública Centra a.s., encargada de gestionar gran parte del parque de vivienda municipal de Praga, funciona en la práctica como el brazo ejecutor de la magistratura. Sus prácticas han sido denunciadas repetidamente por inquilinos vulnerables, especialmente romaníes y refugiados.
Durante años, Centra a.s. ha sido señalada por negarse a asumir reparaciones estructurales que corresponden al propietario, trasladando esa carga a los inquilinos más vulnerables. Cuando alguien exige que se respete la legalidad o se niega a pagar por arreglos que no le corresponden, la respuesta suele ser la misma: amenazas de desalojo o la negativa a renovar el contrato.
Las facturas emitidas son otro terreno opaco. Inquilinos han reportado cobros sin desglose claro, pagos exigidos sin comprobante inmediato y un sistema que castiga cualquier intento de reclamar por escrito. Las quejas suelen derivar en represalias: etiquetas de “inquilino problemático” y presión directa para abandonar la vivienda.
En este engranaje, Centra no es un simple administrador: es la herramienta mediante la cual el magistrát mantiene bajo control a personas de las minorías, asegurándose de que los más vulnerables paguen más —económica y psicológicamente— por un techo precario.
ONG y conflictos de interés
El papel de algunas ONG tampoco está libre de sombras. Aunque se presentan como defensoras de los vulnerables, hay casos documentados en los que rechazaron brindar asistencia cuando la queja estaba dirigida contra el Magistrát.
En uno de estos episodios, una ONG en particular se negó a gestionar la denuncia de una persona vulnerable, alegando abiertamente que el Magistrát era uno de sus donantes. Esa declaración refleja un conflicto de intereses directo: la misma institución señalada como responsable de abusos figura como financiador de la organización llamada a fiscalizarla.
En paralelo, Centra a.s., la inmobiliaria pública que actúa como brazo ejecutor del Magistrát en la gestión de vivienda, ha sido señalada como uno de los actores más agresivos contra inquilinos vulnerables. Su papel consiste en administrar los apartamentos municipales, pero en la práctica es quien aplica las presiones, amenazas de desalojo y exigencias de pago poco claras que mantienen a muchas familias en la precariedad.
La comunidad romaní ha denunciado en múltiples foros y notas públicas que estas organizaciones suelen excluirlos de la ayuda real, alineándose muchas veces con la entidad acusada aunque existan pruebas de violaciones.
Fondos europeos sin control
La paradoja es grave: estas ONG gestionan fondos europeos destinados a apoyar a minorías y personas vulnerables, pero la mayor parte se consume en salarios administrativos. En su mayoría, esos puestos están ocupados por personas de la etnia mayoritaria, que no enfrentan los mismos problemas estructurales de vivienda. La European Court of Auditors ha advertido sobre la falta de transparencia en el uso de estos recursos, y un informe de Validity NGO denunció que algunos proyectos incluso han servido para reforzar la segregación.
Comunidades romaníes excluidas
El resultado es un sistema donde quienes deberían actuar como contrapeso terminan reforzando el silencio institucional, dejando a los más vulnerables —romaníes, refugiados y migrantes— otra vez fuera de toda protección.
Las soluciones reales que nadie promete
Lo que haría falta es otra cosa. Una política de alquiler garantizado con cuotas públicas que obligue a los ayuntamientos a reservar parte de su parque para familias vulnerables, con contratos estables e indefinidos.
Sanciones ejemplares contra inmobiliarias y empleadores que discriminen, con multas que duelan y pérdida de licencias a reincidentes.
También habría que dar voz y poder de decisión a las propias comunidades romaníes en la gestión de los fondos que llevan su nombre. No simples consultas para la foto, sino presupuestos gestionados directamente por ellas.
Y, sobre todo, una transparencia radical en el uso de recursos europeos: quién los recibe, cuánto y para qué. Porque hoy, la mayoría acaba en consultores y burócratas que viven de administrar la desigualdad sin resolverla.
Por qué no lo hacen
La respuesta es sencilla: porque tocar estos temas tiene un costo político altísimo. Enfrentarse al racismo estructural implica desafiar a la burocracia que vota y a los ayuntamientos que controlan el suelo. Castigar con dureza a inmobiliarias y empresarios supone incomodar a lobbies influyentes. Y dar poder real a las comunidades romaníes significaría quitarle el monopolio a ONGs y agencias estatales que han hecho carrera gestionando la “inclusión” desde arriba.
Por eso, los discursos de campaña prefieren lo fácil: repetir promesas blandas. Lo difícil amenaza privilegios; lo fácil conserva el statu quo. Y en la Chequia de hoy, todavía resulta más rentable ganar votos agitando el miedo al “otro” que comprometerse con políticas serias de igualdad.
Epílogo: promesas recicladas y extremismos al alza
Las promesas electorales no fallan por falta de ideas, sino porque están hechas para un electorado al que no le interesa la convivencia. Son los mismos votantes que no quieren compartir barrio con romaníes ni con extranjeros, y los partidos lo saben. Por eso las propuestas suenan bien en campaña, pero nunca se convierten en políticas reales.
Y mientras tanto, en el otro extremo del tablero, fuerzas como SPD de Tomio Okamura o el KSČM renovado bajo Kateřina Konečná aprovechan ese vacío para agitar el resentimiento y ofrecer soluciones aún más radicales.
Okamura, con su retórica xenófoba, ha hecho carrera culpando a las minorías y a los migrantes de todos los males sociales. Konečná, desde la izquierda comunista, ofrece un discurso que combina populismo con nostalgia, pero tampoco rompe con la exclusión.
Así, la política checa queda atrapada entre promesas recicladas y discursos extremistas, con las minorías siempre en la línea de fuego.