Babiš vuelve al poder: blindaje político y un Ministerio del Interior bajo control
Andrej Babiš será nombrado primer ministro el 9 de diciembre. El presidente Petr Pavel lo confirmó tras recibir la garantía de que el líder de ANO trasladó Agrofert a un fideicomiso externo. La operación se presentó como un sacrificio personal por el bien de la República, pero en realidad forma parte del proceso mediante el cual Babiš se blinda frente a riesgos políticos y judiciales. La transferencia no elimina su influencia económica: el fideicomiso quedará en manos de sus hijos y la estructura permanece. El movimiento solo despeja el obstáculo legal. Babiš obtiene lo que buscaba: acceso al cargo y protección institucional.
El conflicto de interés como escudo contra la extradición
La transferencia de Agrofert a un fideicomiso no fue un gesto ético ni una concesión institucional. Fue una maniobra de supervivencia legal. Mientras mantuviera el control directo del conglomerado, seguía siendo considerado empresario activo, y un empresario puede ser investigado, imputado o incluso extraditado si otro país de la Unión Europea lo solicita. Francia mantiene abiertas investigaciones vinculadas a los Papeles de Pandora, y su nombre figura en ese contexto. Ese era su verdadero riesgo: como empresario estaba expuesto; como primer ministro, quedaría protegido.
Para llegar al cargo necesitaba “resolver” su conflicto de interés, porque sin esa formalidad el presidente no podía nombrarlo. El fideicomiso borra la apariencia de control directo y habilita el nombramiento, aunque no elimine su influencia real sobre Agrofert. La diferencia jurídica es enorme. Un jefe de Gobierno en funciones no se extradita, no por inmunidad absoluta, sino porque la cooperación internacional depende del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, ambos bajo influencia del Ejecutivo. Ningún Estado europeo entrega a su propio primer ministro en ejercicio, y Chequia no será la excepción.
El objetivo real era blindarse. Necesitaba un cargo que le permitiera frenar cualquier avance judicial extranjero, retrasar solicitudes de cooperación y controlar el ritmo de respuesta del Estado. El fideicomiso fue solo el paso previo para conseguir esa posición. La narrativa del sacrificio patriótico actúa como pantalla. Lo que estaba en juego no era la reputación de la República, sino la protección personal de un político con riesgos transnacionales. Su conflicto de interés se “resolvió” porque era la única forma de ocupar un puesto desde el que ningún país se atrevería a pedir su extradición.
Una validación presidencial sin pruebas reales
La actuación del presidente merece una revisión crítica. Petr Pavel aceptó sin mayor verificación la explicación presentada por el líder de ANO, pasando por alto que Babiš podría estar blindándose mediante una maniobra diseñada no para cumplir un estándar ético, sino para evitar el riesgo real de una futura extradición. El presidente dio por resuelto el conflicto de interés sin solicitar información esencial: la estructura completa del fideicomiso, la jurisdicción en la que opera, la identidad y autonomía de los administradores o los mecanismos que podrían permitir al fundador seguir influyendo en Agrofert. Al conformarse con una separación que podría ser solo formal, ignoró que el objetivo del movimiento no era la transparencia institucional, sino la autoprotección jurídica. Su aceptación terminó legitimando un arreglo que no garantiza un corte real con el conglomerado y que, en la práctica, puede servir para asegurar que cualquier proceso iniciado en Francia o en otro país europeo avance únicamente si el Gobierno lo permite.
El Ministerio del Interior como instrumento de blindaje
Los partidos extremistas que gobernarán un periodo de cuatro años aseguran un control amplio del Estado. Es una alianza con prioridades claras: seguridad, política migratoria restrictiva y mayor distancia de Bruselas. El diseño apunta a un gobierno centralizado y poco dispuesto a ceder control. La pieza clave es el Ministerio del Interior. Babiš propone a Lubomír Metnar. El presidente solamente formaliza. Metnar es un ex policía con dos décadas de carrera, ex ministro del Interior y de Defensa, y un aliado fiable. Su perfil garantiza disciplina, no supervisión independiente, y fortalece el mando vertical del Ejecutivo.
Interior controla la Policía, la gestión de datos, migración y la cooperación judicial con otros países. Tener a un hombre de confianza en ese cargo no solo aporta estabilidad; opera como escudo. Con Metnar al frente, cualquier investigación delicada puede perder impulso, desviarse o depender de prioridades políticas. Es un riesgo sistémico. Francia mantiene abiertos expedientes vinculados a operaciones financieras donde Babiš aparece mencionado. Como ciudadano sin cargo, podía enfrentarse a consecuencias. Como jefe de Gobierno, la dinámica cambia por completo. La cooperación exterior pasa por Interior, y Metnar controlará ese flujo.
Una concentración de poder sin contrapesos
A esto se suma la narrativa pública fabricada para presentar la renuncia empresarial como un gesto patriótico. Es una operación de relaciones públicas que convierte un cálculo de supervivencia en un supuesto acto de servicio nacional. Los hechos apuntan en otra dirección. Colocar a un ex policía al frente de Interior no fortalece la supervisión del aparato estatal; la debilita. En la práctica checa, las denuncias contra agentes suelen archivarse. Con un ministro que proviene de esa estructura, las posibilidades de una investigación real disminuyen aún más.
El país entra en una fase de concentración de poder. No hace falta modificar leyes para alterar el equilibrio. Basta con situar piezas clave en los ministerios correctos. El primer ministro define la estrategia. Interior ejecuta. La coalición garantiza los votos. El Estado pierde capacidad para fiscalizar a quienes lo dirigen. El ascenso de Babiš coincide con el momento más delicado de sus riesgos jurídicos en el extranjero y con la llegada de un ministro dispuesto a priorizar la estabilidad del Gobierno sobre la independencia institucional.
La cuestión central ya no es quién ocupará el poder, sino quién podrá exigirle cuentas a un gobierno que controla los mismos mecanismos destinados a supervisarlo. Babiš llega al cargo tras desactivar su conflicto de interés, asegurar una mayoría parlamentaria y colocar en Interior a un aliado capaz de filtrar la cooperación judicial con el extranjero. El conjunto forma una arquitectura de protección que deja al Estado con menos capacidad de vigilar a su dirigente que al dirigente de controlar al Estado. Ese es el verdadero punto de inflexión:un país donde el poder ejecutivo no solo gobierna, sino que también fija los límites de su propia fiscalización. Ese escenario, más que el retorno de Babiš, marca el punto más alarmante de esta etapa: un sistema en el que quien concentra el poder también decide hasta dónde puede ser controlado.