Un mecanismo policial convierte las denuncias en papel mojado: se archivan sin abrir proceso, se niegan derechos básicos y las víctimas quedan fuera del sistema
ad acta en Chequia el mecanismo que borra derechos
En la República Checa existe una práctica que erosiona el Estado de derecho: el llamado ad acta en Chequia. Con este procedimiento, las denuncias se cierran sin iniciar un proceso penal formal, dejando a las víctimas sin acceso al expediente ni posibilidad de defensa.
Lo que podría parecer un tecnicismo legal es, en realidad, una puerta cerrada a la justicia. Según explicó públicamente el profesor Jaroslav Fenyk, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, el uso del ad acta viola el propio Código Penal y priva a los denunciantes de sus derechos procesales.
Cuando se archiva un caso con este sello, no hay apertura de investigación, no se asigna estatus de víctima y no existe supervisión del fiscal. Todo queda en silencio administrativo.
Casos que ilustran el vacío
Existen testimonios de personas que denunciaron agresiones físicas, allanamientos o amenazas, y que vieron sus expedientes archivados en cuestión de horas. No recibieron acceso al archivo, no pudieron presentar recursos y, en la práctica, se quedaron sin protección.
Un informe académico recogido por juristas checos describe cómo este procedimiento se ha convertido en rutina en varias unidades policiales, lo que plantea dudas sobre el respeto a las garantías básicas.
Esta práctica se suma a un patrón de racismo institucional en la República Checa documentado en otras crónicas de este sitio.
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En Praga, por ejemplo, una familia relató que tras sufrir agresiones físicas en la vía pública su denuncia fue archivada sin que se abriera proceso alguno. En otro episodio, un allanamiento y la toma de fotografías dentro de un domicilio se cerraron en cuestión de horas con el sello ad acta, sin supervisión del fiscal.
¿A quiénes afecta el ad acta y por qué?
Aunque en teoría este procedimiento podría aplicarse a cualquier denuncia, en la práctica golpea sobre todo a quienes ya se encuentran en una posición vulnerable.
Minorías étnicas, como la comunidad romaní, cuyas denuncias de agresiones racistas suelen considerarse “conflictos de convivencia”.
Extranjeros y refugiados, que no dominan el idioma ni el marco legal y tienen más dificultades para impugnar una decisión administrativa.
Víctimas de violencia de baja visibilidad (amenazas, hostigamiento, allanamientos), que muchas veces no se consideran “graves” y se cierran sin trámite.
El patrón es claro: la aplicación del ad acta deja a las víctimas sin estatus procesal, sin acceso al expediente y sin posibilidad de recurrir. Lo que debería ser un instrumento excepcional se convierte en un muro para quienes más necesitan protección.
Origen del ad acta: un atajo convertido en costumbre
El ad acta no nació de una reforma legal concreta ni de la pluma de un legislador. Fue la propia práctica policial, tras la transición de 1989, la que lo consolidó como un atajo administrativo.
El Código de Procedimiento Penal establece que toda denuncia debe resolverse con una decisión clara: abrir un procedimiento penal o archivarlo de manera formal. Sin embargo, con el tiempo se impuso la fórmula rápida del “odloženo” —archivado—, que permite cerrar un expediente sin abrir proceso alguno.
Lo que en un inicio pudo verse como una manera de descongestionar trámites se convirtió en un filtro rutinario: evita la supervisión de la fiscalía, bloquea los derechos de las víctimas y ahorra trabajo a costa de la justicia.
Juristas como Jaroslav Fenyk, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, han advertido que este uso del ad acta no es un error aislado, sino una práctica sistemática que erosiona el Estado de derecho.
¿Quién supervisa y quién sanciona?
En teoría, toda decisión de archivar o rechazar un caso debería pasar bajo la supervisión del fiscal. En la práctica, el ad acta deja esa puerta cerrada: al no existir resolución formal, no hay nada que supervisar ni contra qué presentar recurso.
Esto significa que nadie lo autoriza oficialmente y nadie lo sanciona. El expediente se cierra dentro de la comisaría, sin control fiscal ni judicial. El resultado es un vacío legal donde la policía actúa sin contrapeso institucional.
¿Hay forma de esquivar el ad acta?
Juristas coinciden en que la única manera de evitar quedar atrapado en este vacío legal de ad acta en chequia es presentar la denuncia directamente ante la fiscalía. La ley checa lo permite, aunque pocos ciudadanos lo saben. Si la denuncia llega primero al fiscal, queda registrada en su sistema y no puede desaparecer con un simple sello policial.
En cambio, cuando se entrega solo en la comisaría, la práctica del ad acta permite cerrarla sin abrir expediente ni generar resolución alguna. Esa diferencia convierte el acceso a la justicia en una cuestión de conocimiento: quien ignora este resquicio legal queda en la indefensión.
Una democracia con doble estándar
Oficialmente, la República Checa se presenta como un Estado de derecho comprometido con la justicia y la igualdad. Pero en la práctica, la existencia del ad acta muestra un sistema que permite cerrar los ojos ante denuncias incómodas.
El ad acta en Chequia es más que un sello administrativo: es la institucionalización de la indefensión. Lo que los expertos describen como un vacío legal se ha convertido en rutina. Para quienes lo sufren, no es una abstracción jurídica, sino la constatación de que la justicia puede evaporarse con un sello.