La Revolución de Terciopelo derribó un sistema comunista que utilizaba el poder sin controles y que trataba la crítica como una amenaza. Tres décadas y media después, Chequia enfrenta señales inquietantes: líderes que intimidan, discursos de odio en ascenso y una ultraderecha que muestra abiertamente su intención de aplicar los mismos métodos de presión, exclusión y silencio que aquel régimen que el país creía superado.
Hace treinta y seis años, el 17 de noviembre de 1989, Checoslovaquia vivió una jornada que redefinió su identidad política y moral. Miles de estudiantes y ciudadanos se enfrentaron a la represión pacíficamente y forzaron la caída de un régimen que llevaba décadas sofocando la libertad. La Revolución de Terciopelo nació de un principio sencillo: la dignidad no se negocia. Fue un movimiento donde la sociedad, unida y sin líderes corruptos a la cabeza, exigió transparencia, responsabilidad y un Estado que respondiera ante la verdad y no ante el poder.
Tres décadas después, el país que se enorgullece de aquella revolución se encuentra ante un espejo incómodo. La clase política actual enfrenta escándalos que en cualquier democracia consolidada serían suficientes para expulsar de inmediato a sus protagonistas. Hoy, figuras que acumulan amenazas públicas, racismo abierto, conflictos de interés, campañas misóginas, borracheras televisadas y vínculos con discursos violentos están a un paso de ocupar ministerios. El contraste entre la Chequia del 89 y la Chequia del 2025 es tan marcado que muchos ciudadanos se preguntan en qué momento se normalizó lo que antes habría sido inaceptable.
Macinka y el eco peligroso del caso Kuciak
Uno de los casos más graves es el de Petr Macinka, dirigente de Motoristé Sobě. Amenazó a una oficina estatal con la frase “Voy a empezar a interesarme más por ustedes” después de que el organismo multara a su movimiento por violar las reglas de campaña. La frase provocó alarma inmediata porque es casi idéntica a la que el empresario eslovaco Marian Kočner dirigió al periodista Ján Kuciak antes de su asesinato en 2018. La justicia eslovaca mantiene abierto el proceso, pero está probado que Kočner sí lo intimidó. En una región donde se asesinó a un reportero por investigar corrupción, que un político checo utilice un lenguaje similar debería ser motivo de condena transversal. No lo fue. Macinka sigue avanzando hacia un cargo ministerial.
Amenazas, insultos y alcohol: la nueva élite en ascenso
El mismo dirigente ha amenazado a extranjeros en redes sociales con deportaciones individuales, señalando públicamente a un ciudadano llamado Sergio. También protagonizó junto a Filip Turek una aparición televisada en estado de ebriedad, insultando a funcionarios, mujeres y periodistas. Ambos forman parte de la constelación política que negocia su entrada al gobierno. Episodios así no forman parte del folclore político; describen la inestabilidad institucional que se aproxima.
Cuando un eurodiputado legitima el racismo violento
Filip Turek, eurodiputado por ANO, se ha hecho conocido por declaraciones que en cualquier parlamento europeo provocarían su expulsión inmediata. Defendió que el intento de quemar viva a una niña romaní debía considerarse un atenuante. Sus discursos están documentados y han sido condenados por organizaciones de derechos humanos. A lo largo de su trayectoria también circularon fotografías y contenidos que lo vinculaban con simbología asociada al neonazismo y con elogios a figuras históricas del nazismo, materiales que él nunca explicó de manera convincente. Su ascenso político, sin embargo, continúa. Hoy representa la normalización de un lenguaje que la Revolución de Terciopelo rechazó de raíz: el lenguaje que clasifica vidas según origen y apariencia.
De los carteles xenófobos a la presión sobre la TV pública
Tomio Okamura, líder de SPD, empapeló Praga con carteles donde niños romaníes y mujeres africanas aparecían como amenazas para el país. Sus campañas se basan en desinformación, xenofobia y ataques constantes a minorías. Lleva once años repitiendo que la Televisión Checa “lo censura” por no invitarlo al programa Otázky Václava Moravce, cuando la realidad es simple: los estándares del programa no están obligados a dar espacio a discursos extremistas. Hoy, con la nueva coalición, esa presión se está volviendo una amenaza real para la independencia de los medios públicos.
La inmoralidad detrás del discurso de la “familia tradicional”
A esta escena se suma Jindřich Rajchl, líder de PRO. Su historial combina ataques a mujeres, insultos a periodistas, discursos ultranacionalistas y el escándalo de un video sexual grabado por él mismo. Se presenta como defensor de valores morales, pero su comportamiento público demuestra lo contrario. Su influencia crece en un clima donde la desinformación y las emociones priman sobre los hechos.
Babiš: poder económico, mediático y político sin control
En el centro del sistema sigue Andrej Babiš. Su conflicto de interés es el más grande de la historia moderna del país: controla de forma directa o indirecta el conglomerado Agrofert, posee medios de comunicación, participa en sectores financiados con recursos públicos y ha sido investigado por fraude al presupuesto europeo. En cualquier democracia consolidada, un político con este nivel de poder económico y mediático no podría aspirar al Ministerio del Interior. En Chequia sí. Su discurso se centra en el victimismo y en la idea de que las instituciones lo persiguen, cuando los informes del Tribunal Constitucional y los órganos de supervisión describen con claridad un problema estructural.
La independencia mediática bajo ataque
La degradación institucional también se refleja en el tratamiento a los medios públicos. Actores políticos exigen abolir las tasas obligatorias que financian la Televisión Checa, repitiendo el patrón que destruyó la independencia de la prensa en Hungría y Polonia. La presión para convertir la televisión pública en un espacio al servicio del poder político es incompatible con los valores que guiaron 1989.
La comparación con la Revolución de Terciopelo no es nostalgia. Es un diagnóstico. Los líderes de aquella época —Havel, Dienstbier, Uhl, Benda— habían pasado por cárceles, aislamiento y vigilancia. Sabían que la libertad sin responsabilidad no es libertad, y que el poder sin ética siempre termina convirtiéndose en abuso. Havel entendía que la política debía ser servicio, no negocio. Hoy, la imposición de intereses privados sobre el Estado, los ataques a minorías, la intimidación a periodistas y la banalización del racismo dibujan un panorama que habría resultado inaceptable para la generación del 89.
Lo que queda de la Revolución de Terciopelo
El deterioro no es abstracto. En los últimos años, Chequia ha normalizado hechos que en 1989, en plena Revolución de Terciopelo, habrían sido inaceptables: amenazas públicas de políticos a funcionarios y ciudadanos; discursos racistas lanzados desde el Parlamento; intentos de presionar a la Televisión Checa; campañas contra minorías con imágenes manipuladas; investigaciones abiertas por conflictos de interés que no impiden ascensos políticos; y un debate público marcado por insultos, desinformación y ataques personales. Todo esto ocurre en un país que construyó su transición democrática sobre la idea de que el poder debía someterse a controles estrictos y que la vida pública requería responsabilidad. Treinta y seis años después,la distancia entre los principios proclamados durante la Revolución de Terciopelo y las prácticas toleradas en 2025 es el indicador más claro de la crisis actual. No la provocó un único partido ni un único político: es el resultado de permitir, durante años, que la excepción se convirtiera en rutina.
