La demolición de Bedřiška comenzó el 12 de noviembre. Se trata de una comunidad que durante quince años funcionó como un ejemplo excepcional de convivencia entre romaníes y checos. El propio presidente Petr Pavel reconoció públicamente que Bedřiška era “un caso ejemplar” y que destruirla era “una mala decisión”. Aun así, la demolición siguió adelante sin que el Estado interviniera para proteger a los residentes.A partir de aquí surge la pregunta central: si el presidente identificó el daño, ¿por qué no actuó?

Por qué el presidente sí pudo y debió intervenir

Aunque el presidente no puede ordenar directamente a un municipio detener la demolición de Bedřiška, sí dispone de herramientas para suspender o revisar un proceso que presenta indicios de discriminación. Podía solicitar informes urgentes al Ministerio del Interior, exigir auditorías técnicas, convocar a la Agencia de Inclusión Social o pedir una revisión temporal hasta aclarar la situación. Nada de esto violaba la autonomía municipal.

Pavel visitó Bedřiška, conocía el caso y sabía que dos comisionadas del propio gobierno lo consideraban éticamente inaceptable. Aun así, no pidió una suspensión ni exigió responsabilidades. Se limitó a lamentar lo ocurrido y pedir a los residentes que evitaran declaraciones que “agravaran la situación”. El daño estaba reconocido, pero la intervención nunca llegó.La justificación oficial fue la autonomía municipal. Pero esa autonomía no funciona siempre igual.

Cómo se usa realmente la separación de poderes en Chequia

La separación de poderes en Chequia no opera como una estructura estable; las instituciones la invocan según convenga. Cuando se trata de colocar aliados políticos, gestionar fondos o intervenir en cuestiones que afectan a la mayoría checa, el Estado no duda en entrar en competencias municipales. Nadie menciona límites.

Pero cuando la decisión afecta a romaníes, extranjeros o comunidades vulnerables, todas las instituciones repiten que “no pueden intervenir”. La autonomía municipal se convierte en excusa para no enfrentar abusos ni revisar decisiones administrativas que perjudican a minorías. La selectividad es evidente: el Estado actúa cuando protege sus intereses, pero se declara impotente cuando la intervención incomodaría políticamente. Detrás de esta inacción hay responsabilidades institucionales claras.

Quién ordenó la demolición y por qué es cuestionable

La orden de demoler Bedřiška salió del alcalde del distrito de Mariánské Hory a Hulváky, Patrik Hujdus, del partido Alcaldes de Ostrava (STO), una estructura local con conexiones fluctuantes entre STAN y ANO según el ciclo electoral. Hujdus confirmó públicamente que el distrito inició la demolición y que su estrategia es reducir progresivamente el número de residentes hasta vaciar el área. “Hoy comenzamos el derribo de viviendas en Bedřiška”, declaró. Añadió que “no queremos hacernos cargo de ellas y queremos desalojar progresivamente a los residentes”, y que “los contratos vencieron en septiembre” y “la mayoría aceptó la oferta del distrito para trasladarse a otros apartamentos”. También informó que ya “convocaron una licitación para la demolición”. Para justificar la rapidez, afirmó que no quería “dejar esqueletos de casas que podrían incendiar medio barrio”.

Sus argumentos se sostienen en dos líneas: supuesta inseguridad y mal estado técnico. Según él, alguien podría entrar en las viviendas vacías y provocar un incendio, y las casas estarían demasiado deterioradas para conservarse. Sin embargo, Hujdus nunca presentó informes técnicos públicos que respalden esa afirmación. En cambio, los residentes disponen de un dictamen pericial independiente que concluye que las viviendas son habitables, que requieren poca inversión y que no existe motivo técnico para su demolición. La líder comunitaria Eva Lehotská lo resume con claridad: “Se están destruyendo propiedades y a nadie le importa”, “el procedimiento es ilegal” y “las casas están en buen estado”.

Las irregularidades no terminan ahí. El propio Hujdus reconoce que los contratos de las familias no son uniformes: algunos vencieron en 2025, otros vencen en 2029, otros son contratos indefinidos y algunos residentes son incluso propietarios. Demoler viviendas con contratos vigentes es ilegal en derecho administrativo checo. Esto abre dudas sobre posibles manipulaciones en el manejo de los contratos para facilitar la expulsión de la comunidad.

Otro punto crítico es la licitación para la demolición, sobre la cual el alcalde no proporciona información transparente. Falta saber qué empresa ganó, si existe relación con actores políticos locales, y si hay sobreprecios o vínculos con otras demoliciones polémicas en la región. Este es un terreno típico de riesgo de clientelismo.

El propio alcalde reconoció además que el distrito quiere conservar la zona como “reserva estratégica de desarrollo urbano”, lo que indica un interés económico directo en despejar el terreno. Una comunidad romaní integrada reduce ese valor; un terreno vacío, sin resistencia social, lo incrementa. Esto sugiere que la motivación principal no es técnica, sino urbanística.

Finalmente, los residentes denuncian que no fueron informados adecuadamente sobre la demolición de Bedřiška, a pesar de estar directamente afectados. La ley checa obliga a notificar procesos de este tipo, especialmente cuando personas con contratos vigentes o propietarios pueden ser dañados. Que esta obligación no se haya cumplido añade otro nivel de irregularidad a la actuación del distrito.

En conjunto, la decisión de Hujdus se apoya en argumentos no verificados, contradice peritajes independientes y presenta elementos que podrían constituir abuso de autoridad y discriminación encubierta.

Instituciones que podían frenar la demolición de Bedřiška y no lo hicieron

En el caso de Bedřiška no faltaban instituciones con poder para detener la demolición o, al menos, exigir que se revisara todo el procedimiento. Lo que faltó fue voluntad.

El Ministerio del Interior podía intervenir. Supervisa a los municipios, controla a la policía local y tiene facultades para ordenar auditorías administrativas cuando algo no encaja. Aun así, no movió nada.

La Inspección Estatal de Construcción también tenía margen. Podía pedir informes técnicos independientes y suspender el proceso si encontraba irregularidades. Nadie la activó.

La Agencia para la Inclusión Social, creada justamente para evitar decisiones que afecten de forma desproporcionada a minorías vulnerables, pudo advertir sobre el impacto social y solicitar una pausa. No lo hizo.

El Ombudsman tenía autoridad para abrir una investigación por posible discriminación y recomendar una suspensión inmediata. Tampoco intervino a tiempo.

El Ministerio de Desarrollo Regional, que supervisa urbanismo y vivienda, permaneció en silencio, pese a que este tipo de demoliciones entra directamente dentro de sus competencias.

El presidente podía haber activado una revisión coordinada, sobre todo después de reconocer públicamente que Bedřiška era un ejemplo positivo y que destruirla era un error. Eligió no hacerlo.

Y el Gobierno, que recibió advertencias claras de dos comisionadas oficiales —la de Derechos Humanos y la de Asuntos Romaníes— decidió no actuar.

En conjunto, todas estas instituciones podían haber frenado el daño. Ninguna lo hizo. La inacción no fue técnica: fue política.

El silencio del Magistrát: aprobación sin firmarla

El Magistrát de la ciudad de Ostrava no ordenó públicamente la demolición, pero la permitió. En Chequia, un distrito municipal no puede ejecutar una demolición de este tipo sin que el nivel superior esté informado. La licitación, los permisos y la coordinación urbanística pasan por estructuras que el Magistrát supervisa. Si hubiera querido detener el proceso, habría bastado con una orden de revisión o la suspensión temporal de la obra. No lo hizo.

Esa inacción equivale a un visto bueno tácito. El distrito ejecutó la demolición, pero el Magistrát creó las condiciones para que ocurriera: no pidió informes independientes, no revisó la legalidad del procedimiento y no protegió a la comunidad afectada. La aprobación no fue pública, pero estuvo presente en cada paso.

El papel de Vít Rakušan: poder tuvo, acción no

Vít Rakušan, ministro del Interior durante la mayor parte del proceso, tenía facultades para frenar la demolición o exigir informes independientes. No hizo nada. Su ministerio controla a la policía local, supervisa procedimientos administrativos y puede activar auditorías cuando hay indicios de discriminación. A pesar de ello, no intervino.

Hoy critica a la nueva coalición y se presenta como defensor de la democracia. Pero su mandato deja un patrón claro: silenció o ignoró casos que afectaban a comunidades romaníes y nunca usó sus competencias para detener decisiones municipales que perjudicaban a minorías. Criticar fuera del cargo es fácil; actuar cuando se tiene el poder es lo que demuestra convicción.Mientras las instituciones se retiraban, los residentes denunciaban otra realidad: la llamada “vivienda alternativa” está empobreciendo a las familias.

Desalojo estructural, discriminatorio y selectivo

El municipio afirma que los residentes desalojados recibirán viviendas mejores. Sin embargo, las familias ya reubicadas reportan lo contrario: perdieron subsidios de vivienda, fueron trasladadas a pisos sin equipar y con alquileres más altos. Según sus testimonios, el traslado los dejó en peor situación económica que la que tenían en Bedřiška.

No existe un plan formal que garantice que los actuales residentes podrán acceder a las viviendas nuevas que el municipio dice querer construir. Lo que se presenta como “mejora” es, en la práctica, una expulsión que debilita económicamente a las familias.

Para entender por qué se insiste en la demolición, hay que ver quién gana con ella.

Violencia social con motivación racial

La demolición no se dirige contra todas las familias por igual: afecta sobre todo a los vecinos romaníes, que constituyen la base de la comunidad de Bedřiška. El distrito quiere un terreno “limpio” para futuros proyectos, pero limpio no significa solo libre de casas: significa libre de romaníes. La expulsión afecta precisamente al grupo que más estigma social soporta y que menos protección institucional recibe.

Para parte del electorado de Patrik Hujdus, la presencia romaní es un problema político. La demolición responde tanto a una estrategia urbanística como a una presión racial previa. Lo demuestra el patrón: las familias blancas fueron atendidas antes, reubicadas sin conflicto o directamente no afectadas; las familias romaníes quedaron para la fase final y más violenta del proceso.

Aquí la motivación económica se mezcla con la motivación racial: eliminar a la comunidad romaní hace el terreno más “atractivo” para futuros proyectos y más rentable políticamente para el alcalde. Los beneficiados son el distrito y las empresas constructoras; los perjudicados son quienes pertenecen a un grupo racializado que vuelve a quedar marcado como desechable.

Quién gana con la demolición

El principal beneficiado es el propio distrito, que recupera un terreno valioso para “reserva urbanística”. Un área vacía, sin comunidad romaní, puede destinarse a proyectos más rentables. También ganan las empresas constructoras, que podrán desarrollar viviendas nuevas con precios y alquileres inaccesibles para los antiguos residentes.

El alcalde Patrik Hujdus obtiene beneficio político: su base electoral rechaza la presencia de comunidades romaníes, y la demolición refuerza su posición como gestor “resolutivo”. Para los residentes, en cambio, la expulsión implica pérdida de comunidad, mayores costes de vida y precariedad.

Demolición moral

La demolición de Bedřiška no fue un trámite técnico. Fue una decisión política respaldada por todas las instituciones que pudieron evitarla y no lo hicieron. El presidente reconoció públicamente el daño, pero no pidió una revisión del proceso. Los ministerios competentes guardaron silencio. El municipio actuó sin controles y sin informes independientes. El resultado es claro: una comunidad estable fue eliminada sin garantías ni protección, en un país donde las minorías siguen siendo tratadas como prescindibles.