El asilo, para muchos asilados y refugiados en República Checa,existe solo en el papel. En la práctica, los refugiados viven entre la desconfianza institucional, el maltrato y la discriminación; la censura de informes europeos y un clima político que endurece cada día las leyes migratorias. Mientras el gobierno borra pruebas de sus abusos y Europa guarda silencio, el derecho al refugio se convierte en un privilegio reservado para unos pocos.
Asilados y refugiados
Aquí el asilo existe solo en los documentos. En la práctica, quien lo tiene vive como si no lo tuviera. La Convención de Ginebra garantiza derechos que en Chequia no se cumplen: acceso igualitario a la salud, al trabajo, a la protección frente a la discriminación. Pero todo eso se queda en teoría.
En la realidad, el refugiado es tratado como un sospechoso. Las oficinas lo interrogan más de lo que lo ayudan, los funcionarios lo tratan con desconfianza, y las clínicas de salud muchas veces le niegan atención o lo humillan abiertamente.
Hay casos documentados, al menos tres, donde instituciones públicas y médicas violaron derechos básicos de asilados y refugiados. Y no pasa nada. Ninguna sanción, ninguna disculpa. El sistema se protege a sí mismo, como si admitir un error fuera más grave que cometer una injusticia.
Así funciona el asilo en este país: legal en el papel, inexistente en la vida real.
Para ilustrar las denuncias sobre asilados en República Checa y lo restrictivo del tema, aquí viene un dato que no es menor.
Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 desaparecieron dos enlaces oficiales que hablaban, precisamente, de cómo Chequia trata a los solicitantes de asilo.
El primero estaba en la página del gobierno, Vlada.cz, dentro del Consejo de Derechos Humanos. El texto llevaba por título, traducido, ‘La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publica dos informes sobre asilo’.
El segundo enlace conducía al informe original de esa agencia —la FRA, por sus siglas en inglés—, dentro del boletín Fundamental Rights Report 2023. Ese documento señalaba carencias graves en el acceso a asistencia legal y a intérpretes para los refugiados en Chequia.
Hoy, ambos enlaces devuelven el mismo mensaje:
‘Zadaná adresa není na našem webu dostupná’ —es decir, ‘La dirección no está disponible en nuestro sitio web.’
Y si buscas directamente en la web de la FRA, aparece otro aviso: ‘No search results were found.’
En otras palabras, los dos documentos desaparecieron. Uno del portal del gobierno checo, y el otro del sitio de la propia agencia europea que lo había publicado.
Claro, algunos dirán que esos enlaces nunca existieron, que no hay pruebas de que esos textos estuvieran publicados.
Pero sí existieron.
Existen los registros de acceso con números de solicitud, los mensajes de error del propio servidor —con fechas y códigos—, y, sobre todo, existen las capturas de pantalla y las referencias cruzadas que aún se conservan en buscadores y bases de datos europeas.
Finalmente el texto del informe eliminado fue recuperado por este medio Cronicas desde el exilio mediante la pagina de recuperacion de waybackMachine.
No se puede borrar un texto que nunca se escribió. Lo que se borra es la huella de algo que incomoda.
En este caso, lo que incomoda es un informe oficial que señalaba deficiencias en el trato a los asilados y refugiados dentro de Chequia. Y lo que desapareció no fue un rumor, fue un documento público.
Así funcionan estas formas modernas de censura institucional: sin titulares, sin prohibiciones, solo eliminando el rastro.Después de todo esto, vale hacerse una pregunta que nadie en el poder parece querer responder.
El arte de borrar sus propias huellas
Reflexionemos un momento. ¿Por qué una página oficial del gobierno —Vláda, que en checo significa ‘Gobierno’— eliminaría una noticia sobre los refugiados en su propio país?
No era una opinión ni un artículo crítico: era una nota institucional que resumía un informe europeo. Y sin embargo, desapareció.
No eliminaron una noticia cualquiera. Eliminaron un texto que mostraba fallas en el sistema de asilo checo, un texto que reconocía, aunque fuera entre líneas, que este país discrimina a quienes vienen buscando protección.
En este mismo informe eliminado de Vláda.cz y de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), y recuperado por Crónicas desde el Exilio desde Wayback Machine, se pudo constatar que la República Checa no cumple los estándares internacionales de asilo. El documento señalaba fallas graves en la protección de refugiados y solicitantes, especialmente de origen romaní.
Ese mismo año, mientras el país abría sus fronteras a miles de refugiados ucranianos blancos, muchos romaníes fueron rechazados, abandonados en estaciones o excluidos con el pretexto de que “no eran realmente ucranianos”, solo porque eran romaníes de piel diferente.
Cuando un Estado borra una información así, no está corrigiendo un error: está corrigiendo la memoria. Es la forma más elegante de negar un problema sin tener que responder por él. Y por cierto, la página primaria —la de la propia Agencia Europea de Derechos Fundamentales— también eliminó el informe. No fue un error técnico ni una coincidencia: cuando desaparece el mismo contenido en dos portales oficiales, es porque hubo comunicación entre ellos. Europa y el gobierno checo parecen haber coincidido en algo muy simple: que de los asilados mejor no se hable. Y mientras se borra lo que incomoda, se prepara un gobierno que promete endurecer aún más la ley.
Lo que vendría
En la República Checa, la nueva coalición —formada por el movimiento ANO, el partido de extrema derecha SPD y Motoristé sobě— ya firmó su acuerdo de gobierno. En ese documento, que marca el rumbo político de los próximos años, se habla de “tolerancia cero” frente a la migración y de conceder asilo solo en casos excepcionales.
Falta la investidura formal del nuevo gabinete, pero el mensaje ya está lanzado. Chequia se prepara para endurecer sus políticas migratorias, y eso se siente en el ambiente. Quienes ya viven aquí bajo protección internacional lo notan cada día: más controles, más trabas, menos empatía.
El lenguaje ha cambiado. Ahora se habla más de seguridad que de derechos. Y lo que antes era una puerta abierta de Europa, poco a poco se está convirtiendo en un muro disfrazado de frontera legal.
Quién lo aprobará y qué quiere la mayoría
Ahora todo depende del Parlamento. El nuevo gobierno aún no está investido, pero la mayoría ya está garantizada: ANO, SPD y Motoristé sobě suman los votos suficientes para aprobar cualquier medida que lleven al pleno. En la práctica, eso significa que las propuestas de endurecer el asilo o limitar los derechos de los extranjeros no encontrarán resistencia real.
Y lo más inquietante es que esto no ocurre contra la voluntad popular: la mayoría de quienes votaron por esta coalición quieren precisamente eso. No piden reformas sociales ni mejores salarios; piden control, fronteras y castigo. La política del miedo se ha convertido en un proyecto de gobierno.
En Chequia, como en otros países europeos, el votante medio ya no se moviliza por esperanza, sino por temor: temor al extranjero, al diferente, a perder una identidad que nunca estuvo en peligro. Ese temor, amplificado por los políticos, ahora legisla.
Lo curioso es que Bruselas sabe todo esto. Sabe que Chequia aplica un doble rasero con los migrantes, que solo abre las puertas a los ucranianos y deja fuera al resto. Y aun así, no hace nada. Mientras el país cumpla con los trámites y mantenga un tono correcto, nadie le pide cuentas.
En teoría, la Unión Europea tiene normas comunes sobre asilo y derechos humanos. En la práctica, cada Estado las interpreta a su manera. Si un país decide cerrar las puertas, basta con justificarlo con palabras como ‘seguridad’ o ‘soberanía’.
Eso es lo que más indigna: la falta de coherencia. Europa critica a Hungría por su trato a los migrantes, pero guarda silencio ante Chequia porque parece más educada, más “moderada”. El resultado es el mismo: personas que buscan protección y se topan con muros invisibles, levantados con el aval de Bruselas.
Abandonados
En el informe de Amnistía Internacional —publicado en 2022 y que abarca el periodo 2017-2022— se documenta que la República Checa no cumple con los estándares internacionales de asilo. El informe señala fallas graves en la protección de refugiados y solicitantes, especialmente de origen romaní.
Describe casos en que familias fueron abandonadas en estaciones de tren sin comida ni agua. También confirma que el acceso a ayuda legal y a la reunificación familiar no está garantizado. Las condiciones de los centros de detención no cumplen con las normas internacionales. Y aunque el gobierno reconoció la existencia de racismo institucional, no adoptó medidas para frenarlo.En resumen, los derechos existen en la ley, pero en la práctica se violan todos los días,tambien senalo que el gobierno no condena los discursos racistas ni xenófobos que circulan en el espacio público. Todo esto muestra un patrón claro: el asilo en Chequia no falla por falta de leyes, sino por falta de voluntad.
Protección a cambio de dignidad
En 2010, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea denunció que la República Checa sometía a solicitantes de asilo homosexuales a pruebas llamadas falométricas.
El test consistía en colocar al solicitante en una cabina privada con un sensor en el pene mientras se proyectaban imágenes sexuales de hombres, mujeres, niños y escenas eróticas explícitas, además de algunas imágenes neutras (paisajes).
El propósito,según las autoridades checas,era “confirmar la orientación homosexual” de quienes pedían asilo por persecución debido a su orientación sexual.
En realidad, lo que medían era la respuesta fisiológica al estímulo visual, una práctica que la FRA calificó de “degradante, invasiva y contraria a la dignidad humana”, pues exponía al solicitante a una humillación innecesaria e incompatible con el derecho internacional.
La Unión Europea calificó esa práctica como degradante y contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Un solicitante de asilo identificado como Sergei Cherveda relató la experiencia en Radio Praga. Dijo que le colocaron un dispositivo en el cuerpo y lo obligaron a mirar escenas sexuales durante una hora, bajo observación médica.
Las autoridades checas afirmaron que las pruebas fueron voluntarias y aplicadas en pocos casos. Pero el problema no era la cantidad, sino el método: una práctica que reducía la orientación sexual a una reacción fisiológica.
En 2011, el gobierno aseguró haberla suspendido, aunque nunca se publicó un informe oficial sobre su cancelación.
El episodio mostró hasta dónde podía llegar la desconfianza institucional hacia quienes piden protección. En lugar de investigar la persecución que sufrían en su país, el Estado checo eligió ponerlos a prueba —y de la peor manera—, una que violaba sus derechos humanos más fundamentales. Así lo recogió Amnistía Internacional.
El veredicto del ACNUR
En 2011, el ACNUR publicó un documento titulado ‘Comentarios sobre la práctica de la falometría en la República Checa para determinar la credibilidad de las solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual’.
En ese texto, el organismo de Naciones Unidas cuestiona directamente a Chequia por aplicar estas pruebas durante los procedimientos de asilo.
El ACNUR advierte que la falometría vulnera los artículos 3 y 33 de la Convención de Ginebra de 1951, que garantizan la dignidad y la protección de toda persona que busca refugio.
En palabras simples: la ONU dejó claro que someter a un solicitante de asilo a una prueba de excitación sexual no solo es inmoral, también es ilegal bajo el derecho internacional.
Protección a cambio de dignidad
Según este mismo reporte de Radio Praga Internacional, uno de los hombres sometidos a esta prueba un solicitante iraní,tuvo que buscar asilo en otro país, en este caso Alemania, después de denunciar públicamente el procedimiento. El otro hombre Sergei Cherveda, pasó la prueba y finalmente obtuvo el asilo en Chequia. Dos historias distintas con un mismo fondo: el sistema concedía protección, pero a costa de la dignidad.
Una política construida sobre el miedo
Desde 2015, la República Checa ha seguido una línea abiertamente contraria a los compromisos europeos en materia de refugio.
En 2018 rechazó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU y decidió no cumplir con el plan de reubicación establecido por la Comisión Europea.
En ese marco, la Comisión Europea asignó a la República Checa 2 691 solicitantes de asilo, pero el gobierno checo solo aceptó 12, todos cristianos iraquíes, como parte de un proyecto de “ayuda selectiva” que priorizaba refugiados por motivos religiosos.
El Ministerio del Interior defendió la negativa asegurando que la prioridad del gobierno era “proteger la seguridad de la población” y “combatir la migración irregular”.
Ese mismo año, el número de personas detenidas por razones migratorias se disparó: pasó de 229 a 1 761, y el propio ministro reconoció que la medida buscaba “enviar un mensaje disuasorio” a quienes intentaran entrar.
En 2017, una modificación de la Ley de Extranjería endureció todavía más el sistema, extendiendo los plazos de detención y restringiendo la reunificación de las familias.
Todo apunta a una política migratoria que no se basa en la protección ni en el derecho al asilo, sino en la disuasión sistemática y el miedo como estrategia de control.
Cuando el asilo se convierte en lección de conducta
Para ilustrar hasta qué punto los solicitantes de asilo y refugiados son tratados con desconfianza en la República Checa, basta mirar un documento oficial.
La lámina pertenece a un folleto titulado “Informace pro žadatele o mezinárodní ochranu” —Información para solicitantes de protección internacional—, publicado por el Ministerio del Interior (OAMP) y entregado en los centros de registro a quienes llegan buscando refugio.
En teoría, su objetivo es orientar. En la práctica, refleja cómo el Estado percibe a esas personas: no como titulares de derechos, sino como individuos que deben ser corregidos.
Esa infografía, que debería informar sobre derechos, termina retratando la verdadera postura del Estado frente a quienes piden refugio: desconfianza, condescendencia y desprecio velado. En lugar de explicar cómo apelar una decisión o acceder a un abogado, enseña a “mantener distancia prudencial” o a “no eructar en público”, como si los solicitantes de asilo fueran criaturas ajenas a la civilización. Ninguna imagen describe mejor el fracaso moral del sistema checo de asilo que esa lámina: un país que en lugar de proteger, educa desde el prejuicio.
