El Magistrát hlavního města Prahy —conocido como Magistrát de Praga— es la institución que gestiona la administración central de la capital checa.
Supervisa la vivienda social, los servicios públicos, la planificación urbana y las decisiones que afectan directamente a miles de residentes.
Su poder administrativo es amplio, pero también opaco: combina funciones de autoridad local, arrendador estatal y órgano regulador, una mezcla que abre la puerta al abuso y la impunidad.
Los primeros daños colaterales
Las primeras víctimas de cualquier gobierno en transición suelen ser las minorías y las personas vulnerables. En este país no es la excepción. Con el cambio de gobierno se respira un ambiente más opresivo, y las minorías ya lo perciben: algunas son víctimas inmediatas.
El gran arquitecto de esa exclusión es el Magistrát de Praga, que ha desempolvado expedientes inactivos durante años. Sus principales objetivos son casi siempre personas que no encajan étnica o socialmente con la mayoría.
No quieren “teclas discordantes” en los edificios de apartamentos y aprovechan los cambios de coalición para actuar cuando el poder político les resulta favorable.
Saben que sus medidas son injustas, discriminatorias y en muchos casos abiertamente racistas. Son decisiones que no se atreven a ejecutar cuando el gobierno de turno mantiene cierta vigilancia, pero que aplican sin pudor en momentos de impunidad política.
Muchos funcionarios del Magistrát administran sus oficinas como si fueran propiedades privadas. En sus cartas afirman, sin disimulo, que “son una entidad privada”, y tratan a los inquilinos pertenecientes a minorías como si fueran inferiores. Les escriben con tono condescendiente, los llaman mentirosos o exagerados, y llenan los documentos oficiales de juicios personales y epítetos impropios de la administración pública.
Ese comportamiento no es improvisado: se sostiene en un clima político que lo ampara y en una apariencia de legalidad que lo justifica.
El calendario político como herramienta
Coincidiendo con la formación del nuevo gobierno checo —la coalición entre ANO, SPD y Motoristé sobě—, el Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) reactivó expedientes que llevaban años sin movimiento.
Cartas de desalojo, negativas a renovar contratos y notificaciones judiciales comenzaron a llegar justo después del anuncio de la nueva coalición a personas de las minorías.
Los casos reabiertos afectan, en su mayoría, a personas pertenecientes a minorías étnicas, refugiados y beneficiarios de vivienda social.
Durante meses, esas solicitudes habían quedado sin resolución ni acceso a la documentación.
El cambio político fue la señal: lo que permanecía archivado se convirtió en proceso judicial.
El uso del calendario político como instrumento administrativo se ha convertido en una práctica habitual.
El momento elegido nunca es inocente: se actúa cuando hay menos control y más poder concentrado.
Testimonios reveladores
Como prueba testimonial, al menos en un caso, la magistratura actuó en contra de sus propias normas regulatorias.
En una carta reciente enviada a una persona perteneciente a una minoría, el Magistrát de Praga afirmó que “no existe procedimiento administrativo alguno” y, en el mismo texto, anunció que “la demanda de desalojo ha sido presentada ante el tribunal competente”.
Esa contradicción es reveladora: niega la existencia de un expediente para evadir las garantías del správní řád, pero al mismo tiempo se comporta como parte activa de un proceso administrativo al decidir y comunicar medidas que afectan derechos fundamentales.
Lo más alarmante del caso es que el funcionario responsable —quien firma la carta— y la abogada sin registro en la Cámara de Abogados Checa, autora del texto, acumulan años de denuncias por violaciones graves de derechos fundamentales y de la privacidad del domicilio.
Las denuncias identifican al funcionario como autor intelectual de una violación de domicilio documentada ante la ley, y a la supuesta abogada como autora material del acto.
A pesar de ello, las autoridades no han tomado ninguna medida contra ellos hasta hoy.
Estos mismos funcionarios envían regularmente cartas intimidatorias a inquilinos pertenecientes a minorías. Actúan en abierta violación de la ley, que establece con claridad que una persona denunciada o implicada no puede investigarse a sí misma ni participar en decisiones relacionadas con su propio caso.
El Magistrát de Praga tampoco puede presentarse a la vez como institución pública sin competencia y parte interesada que impulsa un juicio civil.
Esa doble posición vulnera los principios de imparcialidad, transparencia y legalidad, y convierte cada carta oficial en un instrumento de presión.
Negativa a abrir un expediente, posible manipulación
En un caso documentado de trato desigual hacia una persona perteneciente a una minoría, el Magistrát hlavního města Prahy se negó reiteradamente a abrir un expediente administrativo, a pesar de haber emitido múltiples cartas y decisiones que afectaban derechos fundamentales.
La omisión deliberada del número de expediente, del tribunal y de los documentos de respaldo demuestra que no se trata de una notificación judicial auténtica, sino de una maniobra administrativa destinada a intimidar.con el agravante de que los mismos funcionarios actúan como juez y parte en los casos que gestionan.
En las semanas posteriores, el Magistrát hlavního města Prahy continuó emitiendo comunicaciones del mismo tipo: sin número de expediente, sin procedimiento administrativo abierto y, en algunos casos, anunciando supuestas demandas judiciales sin base documental verificable.
Estas cartas refuerzan la evidencia de que el organismo actúa fuera del marco del správní řád y que, ante las denuncias presentadas, intenta reconstruir retroactivamente expedientes para justificar actuaciones pasadas.
El patrón se repite con impunidad y confirma que la arbitrariedad institucional no es un error aislado, sino un modo de gestión normalizado.
Esa forma de actuar no es aislada; viola un principio básico del derecho checo: la námitka.
Violación de la námitka
La námitka —objeción formal reconocida por la ley checa— es un instrumento legal que debería ser respetado por todas las instituciones.
Su función es suspender cualquier decisión hasta que la objeción sea evaluada. En teoría, protege al ciudadano frente a posibles abusos de poder.
En la práctica, cuando una námitka proviene de una persona perteneciente a una minoría o de alguien en situación vulnerable, su efecto se ignora de forma sistemática.
Las autoridades la violan abiertamente: desde el Magistrát de Praga hasta los ministerios, las oficinas de trabajo, los departamentos de seguridad social e incluso los niveles más altos de la administración.
La primera námitka suele ser desatendida; si el ciudadano presenta una segunda o una tercera, ocurre lo mismo.
Las instituciones emiten resoluciones mientras la objeción sigue vigente, anulando en los hechos el derecho a defensa que la ley garantiza.
Relevancia según el caso
En muchas respuestas oficiales aparece el mismo tipo de lenguaje: una jerga administrativa que revela el sesgo con que se trata a las minorías.
Un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo llegó a afirmar que “el caso no es relevante porque no afecta a la mayoría”.
Esa frase —que nunca figuraría en un dictamen sobre un ciudadano de la etnia mayoritaria— resume la lógica burocrática que domina en varios niveles del Estado: la idea de que la protección de los derechos humanos depende del número de personas que los reclaman.
Otras expresiones recurrentes, como calificar los reclamos de “subjetivos”, “emocionales” o “sin valor legal”, se utilizan para restar legitimidad a las denuncias de quienes sufren discriminación.
Detrás de ese lenguaje institucional hay una política implícita: la desigualdad como norma.
La administración como espejo del poder
El fenómeno revela un patrón: el uso del aparato burocrático para ejecutar decisiones de exclusión durante los cambios de gobierno.
Mientras el discurso político promete estabilidad, la práctica administrativa expulsa en silencio a quienes estorban.
Los derechos sociales —vivienda, igualdad, acceso a la justicia— se aplican de forma selectiva.
El resultado es una forma de represión burocrática:
el Estado no necesita castigar de manera abierta, le basta con no responder durante años y actuar cuando el contexto político lo permite.
El procedimiento legal, en lugar de proteger, se convierte en un instrumento de control.
El círculo cerrado del poder
En teoría, cada ministerio y organismo superior debería supervisar la legalidad de las oficinas que están bajo su control.
En la práctica ocurre lo contrario: las instituciones se protegen entre sí.
El Ministerio de Trabajo ampara a las oficinas de empleo (Úřad práce), incluso cuando existen pruebas de discriminación o negligencia.
El Ministerio del Interior protege al Magistrát, el Magistrát respalda a sus funcionarios, y la Fiscalía encubre los errores de la Policía.
El resultado es un circuito cerrado donde nadie responde ante nadie.
Cada nivel reproduce las decisiones del anterior, sin revisión ni responsabilidad.
El sistema se blinda desde dentro: los informes se archivan, las quejas se desvían y las denuncias se clasifican como “sin relevancia pública”.
Así se garantiza que ningún caso llegue a consecuencias reales.
La cadena de mando deja de ser un mecanismo de control y se convierte en una red de autoprotección institucional.
En este modelo, la ley existe solo para ser citada, no para ser aplicada.
Las instituciones no actúan como garantes de derechos, sino como escudos de impunidad.
Y mientras más alto el nivel jerárquico, más fuerte es el blindaje.
El defensor que no defiende
Una de las mayores contradicciones del sistema checo es el papel del Defensor del Pueblo, la institución creada para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos y denunciar la discriminación.
En la práctica, es precisamente el organismo que más discrimina.
Sus informes rara vez investigan de forma independiente y casi siempre respaldan la versión de los mismos entes acusados de exclusión: ministerios, magistrát, fiscalías o policías locales.
Cuando los denunciantes pertenecen a minorías, refugiados o extranjeros, las quejas se descartan bajo fórmulas repetidas: “no hay relevancia social”, “no se confirma trato desigual”, “no se acreditan motivos raciales”.
Cada frase funciona como cierre automático de expediente.Y cuando ese patrón se repite una y otra vez, algunos casos logran exponerlo con total claridad.
Un ejemplo esclarecedor
En un caso reciente, el Defensor del Pueblo respondió a una denuncia contra el Magistrát de Praga como si fuera su portavoz.
En lugar de investigar los hechos, repitió los argumentos del propio organismo denunciado, defendiendo sus actuaciones y descartando las pruebas aportadas.
El tono del documento no correspondía al de una oficina independiente, sino al de una institución subordinada.
Así, el defensor terminó protegiendo al poder que debía fiscalizar, confirmando que la neutralidad institucional en Chequia es, en muchos casos, solo una apariencia.
El zorro a cargo del gallinero
El actual director del Defensor del Pueblo Stanislav Křeček,ha hecho de la xenofobia y el desprecio hacia las minorías una línea ideológica abierta.
Ha criticado públicamente a los romaníes, a los refugiados y a los extranjeros en general, mientras utiliza su cargo para negar la existencia de racismo institucional.
El resultado es devastador: el órgano que debía ser contrapeso se ha convertido en garante del statu quo.
En lugar de servir como puente entre el ciudadano y el Estado, actúa como muro.
Y cuando el defensor se alinea con los abusos, el resto de las instituciones se siente autorizado a hacer lo mismo.
Epílogo: la indefensión ante el poder
Aún sin haberse declarado oficialmente el nuevo gobierno, los efectos ya se sienten.
La reactivación selectiva de expedientes muestra hacia dónde se moverá el aparato administrativo: más discrecionalidad, menos control y una protección mínima para quienes no pertenecen a la mayoría.
Las llamadas “víctimas preferidas” del sistema —minorías étnicas, refugiados, extranjeros— quedarán aún más expuestas.
Las instituciones que deberían garantizarles defensa actúan como parte del mismo engranaje que las excluye.
Sin fiscalización judicial efectiva, sin independencia administrativa y con organismos de control alineados con el poder político, el principio de igualdad ante la ley deja de ser una garantía y se convierte en una ilusión jurídica.
Erosión del Estado de derecho
En este nuevo escenario, la ley no desaparece: simplemente cambia de función.
Ya no protege, sino que legitima la desigualdad.
Y frente a un Estado que se absuelve a sí mismo, las víctimas no solo pierden sus derechos, sino también el acceso a los principios más básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual este país es firmante.
Esa erosión interna del Estado de derecho se refleja ahora también en el plano político.
Mientras la Unión Europea mira hacia otro lado y celebra la formación de un nuevo gobierno integrado por xenófobos, nacionalistas y populistas, las primeras víctimas ya están sobre la mesa, y el mayor arquitecto de la exclusión de minorías —la Magistratura de Praga— se blinda ante el poder.
La indiferencia también es una forma de complicidad.