Este informe analiza el racismo institucional en la República Checa, visible en la discriminación cotidiana, el doble rasero de las instituciones y el papel del Defensor del Pueblo Stanislav Křeček.
El caso del cartel “Solo para checos” y el racismo institucional en la República Checa
Según informa el portal de noticias Romea.cz, único medio que documenta de manera constante crímenes de odio y racismo institucional en la República Checa, un club publicó en redes sociales un cartel con la frase: “Solo para checos”.
Romea.cz, fundado en 2003, es un medio independiente especializado en la cobertura de la minoría romaní y en denunciar el racismo en la sociedad checa. Sus reportajes y análisis se han convertido en referencia principal sobre discriminación, violencia de odio y exclusión institucional, llenando un vacío que los grandes medios suelen ignorar.
El papel de la Inspección Comercial Checa (ČOI)
La Česká obchodní inspekce (ČOI) calificó el cartel como discriminatorio, porque excluir a clientes por ciudadanía constituye un trato desigual.
La ČOI, organismo estatal creado por la ley n.º 64/1986, está destinada a proteger a los consumidores, vigilar que las empresas cumplan la normativa y sancionar prácticas desleales, fraudes en facturación y discriminación en el acceso a bienes y servicios. En teoría equilibra la relación entre ciudadanos y empresas; en la práctica, sus actuaciones son selectivas.
Cuando la discriminación no es mediática: silencio institucional en Chequia
La ČOI sancionó el cartel de “Solo para checos” porque estaba a la vista de todos: era público, mediático y, sobre todo, imposible de negar.
El problema es lo que ocurre cuando el abuso no sale en una foto viral. En las denuncias contra la empresa pública Centra a.s., la respuesta de la ČOI se repitió como un sello automático: “no es nuestra competencia”. Da igual cuántas veces se explique el caso, da igual el nivel de detalle. La puerta se cierra con la misma frase.
Y no hablamos de quejas vagas. Hablamos de cobros sin desglose, subidas repentinas sin explicación, documentos sin firma, plazos ignorados y amenazas de embargo. Todo documentado. Todo acompañado de pruebas.
Aun así, la institución no entra al fondo. Deriva. Empuja al ciudadano hacia el laberinto: “esto es un asunto civil, busque abogado” o “presente un ADR”, un mecanismo no vinculante que rara vez protege a quien está en posición débil. Al final, lo único que llega son cartas de plantilla. Respuestas formales, sin investigación real y sin sanción.
El contraste se siente como una bofetada. Cuando aparece un mensaje racista en Instagram, la ČOI actúa. Cuando una institución pública presiona a un inquilino concreto, la ČOI se refugia detrás del papeleo.
Y cuando el afectado es una minoría o un extranjero, y no hay foco mediático, ese silencio se vuelve norma. No interviene ni siquiera en lo que sí debería controlar: prácticas comerciales desleales, facturación engañosa, cobros ilegales. En esa diferencia de trato, el racismo institucional deja de ser teoría y se convierte en procedimiento: una institución que responde cuando mira el público, y se esfuma cuando la víctima está sola.
Racismo cotidiano disfrazado de “normas internas”en la República Checa
El cartel de “Solo para checos” no es una rareza puntual. Es la versión explícita de algo que se repite a diario, casi siempre en voz baja y con excusas de manual. En algunos bares y discotecas, a jóvenes romaníes se les niega la entrada con el argumento de “clientes habituales”, como si la puerta del local fuera un club privado donde la piel decide quién “pertenece”.
En el mercado de la vivienda, el mismo filtro aparece disfrazado de preferencia. Hay anuncios que dicen “přednostně pro Čechy” (“preferiblemente para checos”), pero en la práctica el mensaje suele ser otro: preferiblemente para checos blancos. Y en redes sociales se ve la misma frontera con un lenguaje aún más cómodo: “jen pro naše lidi” (“solo para los nuestros”), una forma de excluir sin escribirlo en grande.
Todo esto rara vez termina en sanción, no porque sea irrelevante, sino porque ocurre sin cámaras y sin ruido mediático. Pero el efecto es constante: se levanta un muro invisible entre los “checos verdaderos” y los demás, incluso cuando esos “demás” también tienen pasaporte checo.
El mito de que “checo” significa blanco
La idea de que “checo” equivale al blanco mayoritario no nació ayer. Está descrita desde hace décadas en estudios, debates públicos y en la experiencia cotidiana de quienes no encajan en ese molde.
El Centro de Investigación de la Opinión Pública ha mostrado de forma repetida un dato incómodo: más del 60 % de la población expresa rechazo abierto hacia los romaníes. Ese rechazo no se queda en una encuesta. Se traduce en miradas, puertas cerradas y trato desigual.
También lo han señalado informes de la Unión Europea y de Amnistía Internacional: a los romaníes se les trata como “extranjeros perpetuos”, incluso cuando han nacido aquí, hablan checo y son ciudadanos. En 2021, el propio Estado reconoció oficialmente el antigypsyism como una forma específica de racismo. El problema es que el reconocimiento fue formal, pero el reflejo social siguió intacto.
Por eso el mensaje “Solo para checos” funciona como código. En el papel es absurdo, la mayoría de los romaníes tienen pasaporte checo, pero en la práctica mucha gente lo entiende como “solo blancos”. No es un malentendido; es un filtro.
Romea.cz ha reportado casos que muestran ese patrón una y otra vez. Tiendas que niegan la entrada a personas con perros de asistencia. Bares que segregan a los romaníes de forma abierta o disimulada. Casi siempre con la misma coartada: “seguridad” o “normas internas”. Cambian las palabras, no el resultado.
Křeček y la paradoja del Defensor del Pueblo
Las autoridades podrían desmantelar esta discriminación, pero no lo hacen. El discurso antirromaní da votos y muchos cargos públicos lo mantienen o toleran.
Ejemplo claro: Stanislav Křeček, abiertamente racista y xenófobo, dirige la oficina del Defensor del Pueblo. Es como poner a un zorro a cuidar el gallinero.
Křeček ha negado la existencia del racismo en Chequia, minimizado el antigitanismo, culpado a los romaníes de su exclusión y atacado a ONG de derechos humanos. En lugar de apoyo, las minorías encuentran la justificación de los prejuicios mayoritarios.
Křeček también ha atacado a refugiados y solicitantes de asilo, presentándolos como amenaza para la sociedad. Sus palabras refuerzan la xenofobia institucional y envían un mensaje devastador: si el garante de derechos habla así, ¿qué pueden esperar las víctimas en tribunales, extranjería o comisarías?
Un patrón estructural, no casos aislados de racismo institucional en la República Checa
La discriminación no es una anomalía ocasional: es un patrón estructural. Se sanciona lo visible, un cartel en Instagram, mientras el racismo cotidiano permanece en escuelas, oficinas públicas y política.
El problema real es que lo que debería proteger a las víctimas de odio está en manos de quienes lo justifican. Así se consolida el racismo institucional en Chequia.Ya documenté en otra crónica cómo los neonazis en Chequia se sienten impunes: Neonazis en Chequia: décadas de violencia tolerada.
La justicia que calla: tribunales y fiscalías
La justicia checa tampoco rompe este patrón. Según el European Roma Rights Centre y Fair Trials, los romaníes enfrentan discriminación en todas las etapas del proceso penal: policía, fiscales, jueces, abogados.
El caso D.H. y otros v. República Checa demostró que la segregación escolar de niños romaníes era estructural. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo declaró ilegal en 2007.
Aun así, los casos reconocidos como discriminación siguen siendo mínimos: solo 56 llegaron al Tribunal Europeo y apenas 3 fueron declarados violaciones.
Ese silencio judicial es más elocuente que cualquier declaración oficial. Sin cobertura mediática, emerge un mensaje claro: para el sistema, ciertas víctimas no existen.