El régimen de los ayatolás iraní ejecutó el 30 de abril de 2026 a Sasan Azadvar Junaqani,de 21 años, en la prisión de Dastgerd, en Isfahán. El joven había sido detenido durante las protestas de enero y fue condenado por “moharebeh”, traducido como “enemistad contra Dios”.
Detalles del caso y proceso judicial
Según HRANA, agencia de Human Rights Activists in Iran, la condena fue confirmada por el Tribunal Supremo. Un día antes de la ejecución, su familia fue llamada a la prisión para una última visita. Hengaw informó que Azadvar era deportista de karate.
Contexto de las ejecuciones tras las protestas
El poder judicial iraní presentó el caso como un delito de seguridad nacional. Organizaciones de derechos humanos sostienen que los procesos contra manifestantes se han tramitado con acceso limitado a defensa, denuncias de tortura, confesiones forzadas y sentencias aceleradas.
La ejecución de Azadvar se produce después de otros casos recientes vinculados a las protestas de enero. Entre marzo y abril, organizaciones de derechos humanos denunciaron una cadena de ejecuciones de manifestantes y presos políticos. Iran Human Rights informó que al menos 22 presos políticos fueron ejecutados entre el 17 de marzo y el 27 de abril de 2026, diez de ellos detenidos durante las protestas de enero.
Otros casos recientes de ejecuciones
Entre los ejecutados figura Amirhossein Hatami, de 18 años, mencionado por The Guardian como uno de los jóvenes ejecutados durante esta ola represiva. También fueron reportados los casos de Babak Alipour y Pouya Ghobadi, ejecutados tras acusaciones vinculadas a grupos opositores.
En marzo fue ejecutado Saleh Mohammadi, de 19 años, identificado por Hengaw como luchador y miembro del equipo nacional juvenil. Su caso fue citado por medios internacionales dentro de las ejecuciones posteriores a las protestas.
Informes de la ONU
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó el 29 de abril que Irán había ejecutado al menos a 21 personas y detenido a más de 4.000 desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según la ONU, nueve ejecuciones estaban vinculadas a las protestas de enero, diez a supuesta pertenencia a grupos opositores y dos a acusaciones de espionaje.
La ONU también denunció desapariciones forzadas, torturas, simulacros de ejecución y confesiones obtenidas bajo presión. Las autoridades iraníes rechazaron esas críticas y las calificaron de politizadas.
Mujeres en peligro de ser ejecutadas
En paralelo, circularon reportes sobre ocho mujeres iraníes detenidas y presuntamente en riesgo de ejecución. Reuters informó que Donald Trump afirmó haber intervenido para evitar esas ejecuciones, mientras Irán negó que esas mujeres fueran a ser ejecutadas.
Reportes recientes coinciden en que hay mujeres detenidas por su participación en las protestas. Iran Human Rights informó que entre los manifestantes condenados a muerte hay al menos dos mujeres. CBS News señaló que una mujer figura entre nuevas condenas dictadas en abril. En paralelo, medios internacionales han mencionado a ocho mujeres en procesos judiciales sin información pública completa sobre su situación.
Denuncias internacionales y cifras recientes
La ejecución de Sasan Azadvar se produce en una secuencia reciente de condenas y ejecuciones contra personas detenidas durante las protestas de enero. HRANA, Hengaw e Iran Human Rights han documentado estos casos de forma continuada. Naciones Unidas informó el 29 de abril que al menos nueve ejecuciones estaban vinculadas a esas protestas, mientras más de 4.000 personas han sido detenidas.
Estos procesos se han tramitado bajo cargos de seguridad nacional como “moharebeh” y han sido denunciados por organismos internacionales por denuncias de tortura, confesiones forzadas, acceso limitado a defensa y juicios acelerados. Y finalmente asesinatos de Estado. El régimen iraní justifica estos crímenes de Estado con que se trata de delitos contra la seguridad del Estado.