El nuevo gobierno encabezado por Andrej Babiš ha decidido asegurar el control del área de los derechos humanos. El poder se blinda mediante el nombramiento de una funcionaria sin trayectoria previa en la defensa de derechos humanos, sin experiencia documentada en la protección de minorías y plenamente integrada en la mayoría política y social dominante.
La decisión no es anecdótica: encaja en un patrón institucional reconocible, en el que los cargos llamados a vigilar al Estado terminan funcionando como amortiguadores del conflicto y no como contrapesos efectivos del poder.
Taťána Malá, recientemente designada como comisionada gubernamental para los derechos humanos, no ha protagonizado, antes de su nombramiento, ninguna defensa pública relevante de colectivos históricamente vulnerados en el país, como la minoría romaní, los extranjeros, los solicitantes de asilo o las víctimas de discriminación institucional. Tampoco existen registros de enfrentamientos con la policía, la fiscalía o la magistratura por prácticas discriminatorias. Su perfil es jurídico y político, pero no activista ni vinculado a la defensa directa de los derechos humanos.
Derechos humanos bajo control político
Taťána Malá fue designada para el cargo por el gobierno liderado por ANO, el movimiento político fundado y controlado por Andrej Babiš. La capacidad de Babiš para imponer este nombramiento no es circunstancial: responde a una concentración de poder político e institucional construida a lo largo de años, en la que ANO ha ocupado de forma sistemática ministerios clave, órganos de supervisión y posiciones estratégicas del Estado. En ese marco, la designación de la comisionada para los derechos humanos no surge de un consenso técnico ni de un proceso basado en credenciales específicas, sino de una decisión política vertical, coherente con la lógica de control y lealtad que caracteriza el funcionamiento interno del movimiento.
Mediación no es defensa de derechos
Uno de los argumentos utilizados para justificar el nombramiento de Taťána Malá como responsable del área de derechos humanos es su experiencia como mediadora. Sin embargo, la mediación no equivale a la defensa de derechos humanos, ni en términos jurídicos ni en la práctica institucional.
La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos privados basado en la neutralidad y en la presunción de equilibrio entre las partes. El mediador no investiga abusos, no señala responsables, no denuncia discriminación ni actúa frente al poder. Su función es facilitar acuerdos, no proteger a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad estructural.
La defensa de los derechos humanos, en cambio, parte precisamente de la asimetría: reconoce que existen colectivos —como la minoría romaní, los extranjeros o los solicitantes de protección— que no se encuentran en igualdad de condiciones frente al Estado o la mayoría social. Defender derechos implica tomar posición, incomodar, denunciar y, si es necesario, confrontar a las instituciones.
Confundir mediación con defensa de derechos no es un error técnico. Es una operación política que transforma la protección de las minorías en una gestión de conflictos y reduce la violencia estructural a simples “desacuerdos” entre partes supuestamente iguales.
En ese marco, la mediación no fortalece la protección de los derechos humanos: la neutraliza.
“La experiencia de Taťána Malá como mediadora no equivale a una trayectoria en defensa de derechos humanos. La mediación presupone neutralidad y equilibrio entre las partes; la protección de derechos exige tomar partido por quienes sufren discriminación estructural. Son funciones distintas y, en contextos de racismo institucional, incluso incompatibles.”
Un cargo sensible sin aval material
En los sistemas democráticos, los responsables de derechos humanos suelen contar con un aval claro: experiencia en litigios estratégicos, trabajo con víctimas, trayectoria en organizaciones independientes o antecedentes de confrontación con el poder cuando los derechos fundamentales han sido vulnerados. En este caso, ese aval no existe.
El nombramiento es formalmente legal, pero carece de legitimidad material en términos de derechos humanos. No se cuestiona la capacidad administrativa de la funcionaria, sino la ausencia de experiencia específica en un ámbito que exige, por definición, incomodar al propio Estado.
Mayoría frente a minorías
El contexto social checo agrava la lectura del nombramiento. En un país donde la mayoría de la población no sufre violaciones sistemáticas de derechos, colocar a una representante de esa mayoría al frente del área de derechos humanos plantea un problema estructural: la distancia respecto a la experiencia de la discriminación.
No se trata de identidad, sino de función. Defender a minorías como la etnia romaní implica confrontar prejuicios arraigados, prácticas administrativas normalizadas y, en ocasiones, decisiones judiciales o policiales. Esa tarea requiere no solo formación, sino experiencia previa y credibilidad ante las víctimas. Sin ella, el cargo corre el riesgo de convertirse en un gestor de informes, no en un defensor de derechos.
¿Por qué este nombramiento?
La designación de Taťána Malá como responsable gubernamental de derechos humanos plantea interrogantes que el Ejecutivo no ha respondido y que resultan centrales para comprender el alcance real del cargo.
Surge, en primer lugar, una pregunta evidente: ¿por qué una figura sin trayectoria documentada en la defensa de los derechos humanos es situada al frente de un área concebida, precisamente, para vigilar al propio Estado?
También resulta legítimo preguntarse por qué no se optó por una persona con experiencia acreditada en la protección de minorías, en el trabajo con víctimas de discriminación o en la denuncia de abusos institucionales.
La elección adquiere mayor peso si se considera que el gobierno ha colocado en el cargo a una representante de la mayoría social y política, sin experiencia vital ni profesional en contextos de exclusión, para una función que exige comprender y enfrentar la desigualdad estructural.
La cuestión de fondo permanece intacta: ¿a quién se supone que debe generar confianza este nombramiento, a las víctimas de discriminación o a las instituciones cuestionadas?
La prolongación institucional donde el poder se blinda
La decisión cobra especial relevancia en un contexto donde las denuncias por racismo, segregación y trato desigual afectan de forma recurrente a colectivos específicos —romaníes, extranjeros, solicitantes de protección— y donde la figura encargada de los derechos humanos debería actuar como contrapeso del poder, no como su prolongación.
Si la defensa de los derechos humanos implica incomodar, denunciar y asumir costes políticos, resulta legítimo preguntarse si este nombramiento responde a la necesidad de proteger a las personas vulneradas o, por el contrario, a la de blindar institucionalmente un ámbito especialmente sensible.
El cargo como mecanismo de control
En la práctica institucional checa, la figura del responsable de derechos humanos ha tendido a operar como un canal de contención, más que como un actor de transformación. El nombramiento de una figura sin pasado incómodo para el poder refuerza esa lógica: escuchar sin confrontar, registrar sin corregir, dialogar sin exigir responsabilidades.
La ausencia de historial en la defensa de minorías no parece un descuido, sino una garantía de previsibilidad institucional. Un perfil sin conflictos previos con el Estado asegura que las denuncias no deriven en crisis políticas ni en cuestionamientos estructurales. En lugar de fiscalizar, el diseño institucional confirma que el poder se blinda administrando el conflicto.
Un mensaje claro
El mensaje implícito es doble. Para el poder, tranquilidad: nada se desbordará. Para las minorías, escepticismo: la protección seguirá siendo retórica. En un contexto de denuncias recurrentes de racismo, segregación y violencia institucional, el blindaje del área de derechos humanos completa el cuadro de una arquitectura diseñada para administrar el problema, no resolverlo.
Porque en un país donde la mayoría no sufre violaciones de derechos, poner a una representante de esa mayoría al frente del área de derechos humanos no es inclusión.
Es blindaje institucional.
Cuando la supervisión se vacía de contenido, el poder se blinda y los derechos quedan reducidos a retórica.