Cómo la burocracia checa trata a minorías, romaníes, extranjeros vulnerables y personas asiladas: una radiografía incómoda de la vulneración de derechos humanos en el Día de los Derechos Humanos.
Chequia ratifica año tras año su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos y presume de pertenecer a las democracias consolidadas de Europa. Sin embargo, en sus oficinas públicas, esa burocracia checa que sostiene el funcionamiento del Estado opera un patrón que desmiente esa promesa. Instituciones que deberían proteger terminan segregando; las que deberían garantizar derechos humillan; y las que tendrían que actuar con neutralidad disciplinan a quienes se atreven a reclamar. En un Estado que se presenta como democrático, estas prácticas revelan una verdad incómoda: la igualdad plena solo rige para la mayoría, mientras minorías romaníes, extranjeros vulnerables y personas asiladas enfrentan un sistema que viola derechos básicos universales con total impunidad.
Este Día de los Derechos Humanos expone una paradoja: en el discurso oficial, Chequia se presenta como un Estado comprometido con la dignidad humana; en los expedientes reales, sin embargo, la burocracia checa actúa como el primer espacio donde esos derechos se erosionan. No por decreto, sino por una cadena silenciosa de decisiones, omisiones y respuestas estandarizadas que convierten la queja legítima en un trámite perdido y a la víctima en sospechosa.
¿Cómo puede un Estado que firma tratados internacionales permitir que las propias instituciones encargadas de garantizar derechos fundamentales sean, en la práctica, las que más contribuyen a su violación cotidiana?
Un sistema que habla de igualdad, pero actúa con filtros invisibles
En la República Checa, la relación entre ciudadanía y administración no es la misma para todos. La mayoría étnica recibe procedimientos claros, plazos razonables y un trato que presume legitimidad. Las minorías, los romaníes y quienes viven bajo protección internacional enfrentan otra realidad: una sucesión de respuestas evasivas, retrasos estratégicos, silencios calculados y cartas oficiales que nunca resuelven lo esencial. En esa doble estructura aparece un patrón estable, reconocible y persistente.
Una cadena institucional diseñada para no responder
Cuando una persona de un grupo vulnerable denuncia una agresión, una ilegalidad o un abuso administrativo, la reacción de las oficinas es casi idéntica. La primera capa suele presentarse como formalidad: se afirma que no existe competencia para investigar o intervenir. Esa frase inicial abre el camino para lo siguiente: desviar la queja a otra oficina, transformar un hecho grave en un asunto menor y, con frecuencia, minimizar lo ocurrido hasta convertirlo en un malentendido administrativo.
En ese movimiento desaparece la víctima. Nada se investiga y nada se corrige. La estructura queda intacta y la institución aparece como neutral pese a que ha evadido cualquier responsabilidad.
La advertencia del Senado y una oficina que actúa en dirección opuesta a su misión
En 2022, el Senado checo aprobó una resolución extraordinaria. En ella acusaba al Defensor del Pueblo, Stanislav Křeček, de emitir declaraciones prejuiciosas y xenófobas. El documento alertaba que esa conducta podía disuadir a minorías y romaníes de presentar denuncias. La Comisión Europea expresó preocupaciones similares.
Aun con esas advertencias públicas, la oficina siguió respondiendo a personas vulnerables con cartas que repiten un esquema fijo: negar la competencia, negar la discriminación, negar la existencia de irregularidades y remitir todo a vías ineficaces. La institución que debería proteger a quienes no pueden defenderse sola contribuye a normalizar el abandono.
Křeček interviene para detener una investigación
Cuando en 2021 un hombre romaní, Stanislav Tomáš, murió durante una intervención policial en Teplice, la oficina del Defensor del Pueblo debería haber actuado como garante independiente. Ocurrió lo contrario: según la entonces defensora adjunta, Monika Šimůnková, el propio Stanislav Křeček, titular de la institución, le ordenó detener la investigación y presionó para que el caso se cerrara sin profundizar.
Cuando el ombudsman escribe su propia absolución
En 2021, el mismo año en que Stanislav Tomáš murió bajo custodia policial, Stanislav Křeček publicó un libro autobiográfico titulado Ombudsman. No era una reflexión sobre los derechos humanos ni una disculpa pública por sus declaraciones abiertamente racistas hacia romaníes y extranjeros asilados. Tampoco era una autocrítica por los escándalos de segregación y xenofobia que ya marcaban su gestión. Era, más bien, un intento de blindar una imagen pública deteriorada. La obra, escrita por él mismo, repite las tesis que han definido toda su actuación: minimizar la discriminación, relativizar el racismo estructural y desacreditar a quienes denuncian abusos. Más que un libro, fue una maniobra de autopromoción en plena crisis ética, un intento de reescribir la realidad mientras la institución que dirige perdía credibilidad.
El papel de GIBS: investigación sin investigar
La Inspección General de las Fuerzas de Seguridad (GIBS), responsable de investigar abusos policiales, revisó el caso de Stanislav Tomáš. Su conclusión fue tajante: no encontró ninguna irregularidad.
El veredicto resultó incomprensible incluso para la ex defensora adjunta, Monika Šimůnková, quien documentó fallos graves en la actuación policial. Para la comunidad romaní y organizaciones de derechos humanos, el mensaje fue claro: si la víctima es romaní o extranjera, GIBS no ve nada.
Lo que revelan las cartas del Ombudsman
Las cartas de la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Křeček muestran un patrón constante: los casos de minorías, romaníes, extranjeros vulnerables y personas asiladas nunca se investigan. La institución se limita a cerrar la puerta usando tecnicismos.
En una resolución, la oficina afirma que no puede intervenir porque el administrador “no es un órgano del Estado”, ignorando por completo denuncias de intimidación y abusos.
En otra respuesta, simplemente remite a folletos genéricos y evita evaluar cualquier evidencia de vulneración de derechos.
El patrón se repite: no se examinan hechos, no se contrasta información, no se solicita documentación al organismo denunciado. La oficina se limita a explicar por qué “no puede ayudar”, incluso en situaciones donde su mandato, protección contra discriminación racial, étnica o nacional, obliga a intervenir.
Así, la Defensoría funciona como un filtro que excluye precisamente a quienes más deberían recibir protección. Para la mayoría, las instituciones están disponibles; para las minorías y los asilados, la oficina encargada de defender derechos humanos es, en la práctica, una barrera.
El Ombudsman y la exclusión administrativa
Varias de las cartas emitidas por la oficina del Ombudsman muestran un mecanismo que afecta casi exclusivamente a minorías. Las respuestas rechazan investigar incluso cuando existen pruebas contundentes. El razonamiento se apoya en distinciones técnicas: se afirma que una oficina actuó “como propietario” y no como autoridad pública, o que el hecho denunciado no está incluido en la definición legal de discriminación.
Ese tipo de argumentación no se presenta cuando quien reclama es parte de la mayoría. La exclusión aparece justamente en esa línea fina, casi invisible, donde la ley se interpreta de la manera más restrictiva posible cuando la denuncia proviene de una minoría. La institución cumple la forma, pero traiciona la finalidad del cargo.
La realidad administrativa para las minorías
La experiencia de las comunidades romaníes es constante: cuando denuncian acoso, amenazas, abusos policiales o exclusión, las respuestas llegan en un tono que responsabiliza a quienes piden ayuda. Se les señala como causa de su propia precariedad. Los expedientes se archivan de forma acelerada y las instituciones afirman que no existen motivos para intervenir.
Ese mismo patrón se observa con mujeres extranjeras, familias migrantes y personas de color que viven en barrios marginados. En las cartas oficiales no aparece la palabra “desigualdad”, pero se percibe en cada frase que evita cuestionar el poder local y desplaza la carga de la prueba a quien menos recursos tiene.
El peso adicional para quienes viven bajo protección internacional
Las personas asiladas, aunque su estatus sea reconocido por la ley internacional, no encuentran protección cuando denuncian amenazas o abusos. Reciben frases que ya forman parte del guion administrativo. La más repetida afirma que la condición de refugiado no otorga “ninguna ventaja”. Esa afirmación se usa para cerrar puertas y no para garantizar igualdad.
El resultado es una forma silenciosa de aislamiento. Estas personas no pueden acudir a la embajada de su país porque perderían el asilo, pero varias oficinas les indican que deben hacerlo. Tampoco pueden salir del país sin poner en riesgo su seguridad jurídica. En la práctica, quedan atrapadas entre dos prohibiciones, sin vías reales de resolución y expuestas a represalias administrativas cuando denuncian irregularidades.
La colusión silenciosa: cuando dos instituciones hablan con una sola voz
Lo que en otros países sería un conflicto administrativo ordinario, en Chequia se transforma en un engranaje perfectamente alineado. El Ministerio del Interior y el Magistrát producen respuestas indistinguibles: mismo lenguaje, mismas amenazas veladas, misma estructura argumental y un objetivo común, neutralizar denuncias de abusos sin reconocer responsabilidad alguna.
La clave del patrón no está solo en el contenido, sino en quién escribe realmente estas cartas.
Programa PIS violado
Durante años, las familias beneficiarias del programa PIS derivado de la protección otorgada por la Convención de Ginebra, dentro del parque de vivienda pública, han recibido comunicaciones firmadas por una funcionaria que se presenta como abogada, pero que no está inscrita en el Colegio de Abogados. Ese vacío legal no es accidental: la deja fuera de todo control disciplinario y permite que ejecute, sin consecuencias, el trabajo sucio del departamento de vivienda. Sus cartas se caracterizan por una terminología paternalista, la minimización sistemática del estatus de la persona asilada, advertencias disciplinarias sin base legal y una estrategia repetida: absolver de antemano a su propio departamento.
Ese estilo es reconocible, y esa familiaridad es lo que destapa la colusión.
Cuando una persona asilada presenta una denuncia al Ministerio del Interior, en este caso por amenazas de desalojo, represalias económicas y una violación de domicilio cometida por el departamento de vivienda del Magistrát, esperando supervisión independiente, recibe un PDF oficial con el logotipo y la firma de un alto funcionario del Ministerio. Pero al leerlo, algo no encaja:
El texto es idéntico al lenguaje utilizado durante años por la funcionaria sin registro del Magistrát. Mismas frases hechas, mismas inversiones de culpa, mismas fórmulas de absolución automática.
Y la prueba técnica lo confirma:
El PDF del Ministerio contiene las mismas siglas internas, la misma codificación administrativa y el mismo formato que utilizan los documentos del Magistrát.
La carta “del Ministerio” no ha sido redactada por el Ministerio.
Es la voz del Magistrát vestida con otro logotipo.
Para la denunciante, que durante años había percibido el patrón sin poder demostrarlo, este documento se convierte en la evidencia objetiva que faltaba. El lenguaje, la forma y la estructura burocrática se alinean en un punto claro: el órgano que debería controlar está replicando exactamente el discurso del organismo denunciado.
El Ministerio no investiga.
No revisa.
Solo reproduce y legitima.
De este modo, la colusión no es una teoría:
Aparece escrita, palabra por palabra, en el PDF.
Cámara de Abogados
Pero la pieza más reveladora aparece en la carta que envía la Cámara de Abogados.
La respuesta oficial confirma que la funcionaria que ejecuta las órdenes más agresivas del departamento de vivienda, visitas sin aviso, grabaciones de familias protegidas por la Convención de Ginebra, presión psicológica, amenazas de desalojo, no está inscrita en el Colegio de Abogados. Y no lo está porque jurídicamente no es abogada: no rinde cuentas a ningún órgano profesional, no está sujeta a control disciplinario y no deja rastro institucional de sus intervenciones; está totalmente respaldada por la burocracia checa.
Es decir: el Estado utiliza a una funcionaria sin registro, sin supervisión y sin obligación de responsabilidad profesional para realizar tareas que ningún funcionario sometido a control podría ejecutar sin consecuencias.
Y su superior la respalda. Es la “cabeza de lanza”, la persona enviada a los pisos de minorías, asilados o familias vulnerables para transmitir presión, para inspeccionar sin orden, para filmar sin autorización, para abrir expedientes que no pasan por canales formales. Su ventaja para la administración es evidente: actúa sin dejar huella jurídica, y si algo sale mal, la institución puede alegar que “no estaba actuando como abogada”, sino como empleada interna sin potestad regulada.
La carta de la Cámara de Abogados no deja espacio para interpretaciones: confirma que esta funcionaria no está registrada, no tiene licencia y, por tanto, actúa como “abogada” fuera de cualquier marco legal. No responde ante ningún órgano disciplinario y ninguna institución controla sus intervenciones. Ese vacío no es un detalle administrativo: es justamente lo que permite que opere sin consecuencias, ejecutando decisiones extremadamente intrusivas sobre minorías y asilados sin dejar rastro institucional.
Binomio perfecto
De este modo, el Ministerio y el Magistrát forman un binomio perfecto: uno actúa y el otro legitima; uno ejecuta y el otro absuelve. El mensaje para cualquier persona extranjera, minoría o asilada es claro: si existe conflicto con la administración, la supervisión superior no actuará como contrapeso, sino como repetidor del poder local.
Es un sistema circular: la denuncia vuelve a las manos del denunciado, la víctima queda desprotegida y el abuso se normaliza.
Esa es la verdadera colusión silenciosa.
El silencio informativo como parte del problema
Los medios nacionales raramente documentan estas dinámicas. Cuando lo hacen, presentan los casos como fallos administrativos aislados. La invisibilidad mediática crea la impresión de que los abusos no existen o de que afectan únicamente a situaciones excepcionales. Sin embargo, esa narrativa no coincide con la experiencia cotidiana de romaníes, extranjeros pobres, solicitantes de asilo o personas racializadas.
En la parte visible del país, la administración funciona. En la parte oculta, la burocracia puede ser una herramienta de desgaste.
La burocracia checa como sustituto de la violencia directa
En Chequia no suele haber persecución abierta contra minorías. La exclusión y la segregación se administran. Las oficinas comparten información de manera informal, los expedientes se ralentizan, las decisiones se dilatan o se emiten con un tono disciplinario que culpa a la persona afectada por insistir en reclamar derechos básicos.
Ese proceso genera un efecto duradero: quien denuncia aprende que la denuncia no sirve. Aprende que cada carta abre otra barrera y que cada petición dispara un contraataque administrativo. Es una forma moderna de castigo estatal que no deja huellas visibles, pero sí consecuencias profundas.
Conclusión: una igualdad prometida, pero no distribuida
La burocracia checa se presenta como neutral, pero su funcionamiento real muestra márgenes que se abren para unos y se cierran para otros. La ley es la misma para todos; la aplicación no.
Las minorías, los romaníes y las personas extranjeras reciben un trato que no aparece en las campañas institucionales ni en los informes oficiales, pero que se repite con exactitud: negación inicial, desplazamiento continuo, archivo final.
No se trata de episodios aislados. Se trata de un sistema que, sin declararlo, decide quién merece protección y quién debe aprender a vivir sin ella.